(Agencias)
Washington, D.C..- La administración del presidente Donald Trump ha impulsado un cambio significativo en la política migratoria estadounidense al restringir el uso del llamado «ajuste de estatus», un mecanismo que durante décadas permitió a miles de extranjeros solicitar la residencia permanente (green card) sin salir de Estados Unidos.
La nueva directriz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que la mayoría de los solicitantes deberán completar el trámite desde el extranjero mediante el procedimiento consular, mientras que el ajuste de estatus dentro del país será considerado una medida excepcional y sujeto a un escrutinio mucho más estricto.
El cambio representa una modificación relevante en la interpretación de una herramienta migratoria que históricamente ha beneficiado a familiares de ciudadanos estadounidenses, trabajadores con visas temporales, estudiantes y otros inmigrantes que ya se encontraban legalmente en territorio estadounidense. Según datos citados por autoridades migratorias, más de 800 mil residencias permanentes fueron otorgadas mediante ajuste de estatus durante 2024.
La administración Trump argumenta que la medida busca evitar que las visas temporales se utilicen como un camino indirecto hacia la residencia permanente y reforzar el cumplimiento de la legislación migratoria. Sin embargo, abogados especializados y organizaciones de defensa de migrantes sostienen que la nueva política podría provocar separaciones familiares prolongadas, aumentar los tiempos de espera y generar incertidumbre para cientos de miles de solicitantes.
Uno de los aspectos más controvertidos es que muchas personas que actualmente residen en Estados Unidos podrían verse obligadas a abandonar el país mientras se procesa su solicitud. En algunos casos, los solicitantes enfrentarían obstáculos para regresar debido a restricciones migratorias, demoras consulares o prohibiciones de ingreso aplicables a determinadas nacionalidades.
Especialistas en inmigración también cuestionan la base jurídica de la medida. Argumentan que el Congreso creó el ajuste de estatus precisamente para evitar que los solicitantes tuvieran que salir del país y enfrentar largos procesos en consulados extranjeros. Por ello, diversas organizaciones legales anticipan impugnaciones judiciales contra la nueva interpretación del USCIS.
La medida se suma a una serie de políticas migratorias más restrictivas implementadas durante el segundo mandato de Trump y podría tener un impacto significativo en la inmigración legal hacia Estados Unidos. Mientras el gobierno la presenta como un esfuerzo para reforzar el control migratorio, sus críticos advierten que podría dificultar el acceso a la residencia permanente incluso para personas que han seguido los procedimientos establecidos por la ley.