Con esta medida, el PVEM pretende abrir oportunidades de comercialización directa para quienes trabajan la tierra, reducir la intervención de intermediarios y procurar precios más justos para sus cosechas.
Redacción El Monitor
Toluca, México.– Que los alimentos producidos en el Estado de México lleguen directamente a los programas sociales, comedores comunitarios y hospitales, mientras se garantiza comida nutritiva a quienes más lo necesitan, es uno de los objetivos de una iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso mexiquense.
La propuesta busca expedir la Ley de Soberanía Alimentaria y Sostenible del Estado de México y Municipios, un nuevo ordenamiento que contempla medidas para combatir la inseguridad alimentaria, reducir el desperdicio de comida y fortalecer la economía de pequeños productores agrícolas.
Al presentar el proyecto legislativo, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina advirtió que más de tres millones de habitantes de la entidad carecen de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, por lo que consideró necesario establecer mecanismos que permitan garantizar este derecho y mejorar las condiciones de producción y distribución de alimentos.
Uno de los planteamientos centrales es que las dependencias estatales y los ayuntamientos destinen al menos 15 por ciento de sus compras anuales de alimentos e insumos primarios a productores locales y regionales de pequeña y mediana escala, cooperativas, asociaciones sociales y mujeres dedicadas al campo.
Con esta medida, el PVEM pretende abrir oportunidades de comercialización directa para quienes trabajan la tierra, reducir la intervención de intermediarios y procurar precios más justos para sus cosechas.
La iniciativa también propone transformar los apoyos alimentarios para que las despensas y canastas incluyan productos frescos, variados y con menor presencia de alimentos ultraprocesados. Además, plantea que su entrega sea periódica y se adapte a las necesidades nutricionales de cada grupo de población, sin condicionamientos políticos o religiosos.
Otra de las medidas consiste en impulsar comedores comunitarios en localidades con altos índices de pobreza, vulnerabilidad social o inseguridad alimentaria. Estos espacios ofrecerían alimentos suficientes, nutritivos y adecuados a las costumbres de cada región.
El proyecto no se limita a la distribución de comida. También contempla la creación de huertos familiares, escolares, urbanos y comunitarios, con asistencia técnica, entrega de semillas, herramientas e insumos básicos, además de promover prácticas agroecológicas y un uso eficiente del agua.
En materia de prevención, plantea establecer reservas estratégicas de granos, semillas y otros productos esenciales para responder ante emergencias climáticas, sanitarias o situaciones de desabasto que puedan afectar el suministro en distintas regiones mexiquenses.
La propuesta incorpora también medidas contra el desperdicio de alimentos. Entre ellas, busca impedir que establecimientos comerciales e instituciones desechen productos que, aunque no cumplan con los estándares de presentación o comercialización, todavía sean aptos para el consumo humano. Supermercados y distribuidores tendrían que implementar mecanismos para canalizarlos hacia comunidades con mayores necesidades, bajo protocolos sanitarios.
Para coordinar estas acciones, el proyecto plantea crear un Consejo Intersectorial Estatal con participación de dependencias como las secretarías de Salud, del Campo, de Bienestar, Educación y Desarrollo Económico, además del DIF estatal. También se integraría a representantes de organizaciones sociales, universidades y especialistas.
A nivel municipal se prevé instalar comités de alimentación que permitan identificar las necesidades de cada localidad, organizar acciones y vigilar el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales.
La iniciativa fue suscrita por la bancada del PVEM, coordinada por José Alberto Couttolenc Buentello. En caso de aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del decreto, para instalar el Consejo Intersectorial y establecer las reglas para su funcionamiento.
Por ahora, se trata de una propuesta legislativa presentada ante el Pleno del Congreso estatal, cuya eventual aprobación determinará si estas medidas se convierten en obligaciones para las autoridades mexiquenses.






