La legislación crea un padrón de personas infractoras, establece sanciones económicas y prohíbe prácticas como el abandono, las mutilaciones estéticas y la comercialización de animales de compañía en tianguis y vía pública.
Redacción El Monitor
CDMX. – Las personas que incurran en actos de maltrato animal podrían enfrentar multas de hasta 234 mil 620 pesos, además de quedar inscritas en un registro de infractores por un periodo de hasta cinco años, de acuerdo con la nueva Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados.
El dictamen recibió 470 votos a favor y dos abstenciones. Con esta aprobación, el Congreso de la Unión concluyó el trámite legislativo y remitió el decreto al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso necesario para que entre en vigor.
Uno de los instrumentos centrales de la legislación es el Padrón de Infractores. Las personas incorporadas permanecerán registradas entre uno y cinco años y, durante ese tiempo, tendrán restricciones para recibir determinados apoyos públicos relacionados directamente con el bienestar animal, así como para obtener permisos y autorizaciones contemplados en la norma.
En cuanto a las sanciones económicas, se fijó un rango de 50 a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a multas de cinco mil 865 hasta 234 mil 620 pesos, según la gravedad de la infracción.
Qué conductas estarán prohibidas
La ley establece un catálogo de acciones consideradas maltrato o crueldad. Entre ellas figuran abandonar animales, privarlos injustificadamente de agua, alimento, atención veterinaria o refugio, suministrarles sustancias dañinas y provocarles la muerte mediante sufrimiento prolongado.
También se prohíben las mutilaciones con fines estéticos, los actos de zooerastia, el traslado de animales en condiciones que pongan en riesgo su integridad y las investigaciones que incumplan los protocolos legales y éticos.
La comercialización también tendrá nuevas restricciones. La norma impide vender animales de compañía en mercados, tianguis, vía pública o desde vehículos, así como entregar ejemplares enfermos. Además, establece condiciones para su venta o adopción a menores de edad, quienes deberán contar con el acompañamiento de una persona adulta responsable.
Otra disposición prohíbe las peleas de perros y limita el uso de animales como premios, propaganda o en actividades que comprometan su bienestar.
Nuevas obligaciones para autoridades
El ordenamiento no se limita a establecer castigos. También fija bases para que los gobiernos federal, estatales y municipales desarrollen políticas de protección, vigilancia y atención veterinaria.
Entre sus instrumentos contempla un Registro Nacional de Animales de Compañía, una Estrategia Nacional y un Programa Especial de Bienestar Animal, además de centros integrales destinados a ofrecer servicios como vacunación, esterilización y resguardo temporal.
La legislación también regula el alojamiento, transporte, investigación y utilización de animales en actividades educativas. En este último ámbito, prohíbe su empleo en la enseñanza preescolar y básica.
El nuevo marco jurídico modifica, además, disposiciones de cinco ordenamientos federales, entre ellos las leyes de Sanidad Animal, Vida Silvestre, Equilibrio Ecológico y Protección Civil, así como la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.
Una vez publicado el decreto, las entidades federativas deberán adecuar sus normas locales para armonizarlas con las nuevas disposiciones nacionales.






