El gobierno texano asegura que los terrenos le pertenecen y autorizó el acceso de fuerzas de seguridad; México sostiene que la delimitación fronteriza corresponde a una comisión binacional.
(Agencias)
Nacional.– La propiedad de nueve islas ubicadas en el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, se convirtió en motivo de controversia luego de que autoridades de Texas las identificaran como terrenos pertenecientes a ese estado y autorizaran el acceso de corporaciones de seguridad para realizar labores de vigilancia.
El anuncio fue realizado el 26 de octubre por Dawn Buckingham, comisionada de la Oficina General de Tierras de Texas, quien informó que, después de revisar documentos históricos y registros territoriales, se determinó que nueve islas son propiedad estatal. En conjunto, abarcan aproximadamente 27 hectáreas y se localizan en el tramo fronterizo entre Laredo y McAllen.
La funcionaria argumentó que la medida busca impedir que estos espacios sean utilizados para actividades delictivas y permitir que las autoridades texanas puedan patrullarlos e inspeccionarlos. Sin embargo, el anuncio abrió interrogantes sobre la titularidad de los terrenos y las facultades de las autoridades estatales para intervenir en zonas fronterizas.
Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recordó que la frontera internacional no puede modificarse por decisión unilateral de un gobierno estatal.
La Cancillería explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la división entre ambos países en el Río Bravo sigue el centro del cauce normal del río. Además, precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia binacional facultada para determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla.
Por ello, México sostuvo que ninguna autoridad estatal tiene atribuciones para establecer unilateralmente la delimitación internacional y advirtió que cualquier obra que pueda alterar el flujo natural del río debe sujetarse a las disposiciones del tratado.
No obstante, especialistas han señalado que el debate también involucra una diferencia jurídica entre soberanía territorial y propiedad de los terrenos. El investigador Xavier Oliveras González, de El Colegio de la Frontera Norte, explicó que, conforme a su interpretación del tratado, las nueve islas estarían bajo soberanía estadounidense, aunque todavía debe aclararse si pertenecen al gobierno federal de ese país, al estado de Texas o a particulares.
La controversia, por tanto, no significa necesariamente que México esté perdiendo territorio, sino que plantea la necesidad de determinar la titularidad legal de las superficies y respetar los mecanismos establecidos para resolver diferencias fronterizas.
El caso también recuerda otros desacuerdos históricos relacionados con los cambios naturales del cauce del Río Bravo, como el de El Chamizal, cuya disputa entre México y Estados Unidos se prolongó durante casi un siglo, hasta que ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo en 1963.
Mientras tanto, la SRE informó que dará seguimiento a cualquier acción en la zona y reiteró que la solución debe conducirse mediante los tratados y mecanismos de diálogo establecidos entre ambos países.






