La iniciativa del PVEM busca incorporar los tratamientos sustitutivos de la función renal a los servicios de urgencias y establecer mecanismos de atención prehospitalaria para pacientes con enfermedad renal crónica.
Redacción El Monitor
Toluca, México.– Para evitar que las personas con enfermedad renal crónica enfrenten retrasos en tratamientos indispensables para su supervivencia, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso ampliar los servicios de urgencias en las instituciones públicas de salud para incluir procedimientos como la hemodiálisis.
La iniciativa, presentada por la diputada Honoria Arellano Ocampo, integrante de la bancada coordinada por José Alberto Couttolenc Buentello, plantea reformar la Ley de Salud del Estado de México para garantizar atención oportuna a quienes requieren tratamientos sustitutivos de la función renal.
El proyecto establece que los institutos de salud especializados tengan entre sus atribuciones brindar atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles mediante consulta externa, hospitalización y servicios de urgencias, de acuerdo con su capacidad instalada.
También propone que los prestadores públicos de servicios médicos dispongan de mecanismos para ofrecer atención prehospitalaria de urgencias a pacientes que necesitan tratamientos sustitutivos de la función renal.
Durante la presentación de la propuesta en sesión deliberante del Congreso mexiquense, se expuso que la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 12.2 por ciento de la población estatal, lo que representa alrededor de 2.1 millones de personas. A nivel nacional, se estima que cerca de 13 millones de habitantes padecen este problema de salud.
La iniciativa advierte sobre las consecuencias de esta enfermedad, que puede provocar discapacidad, complicaciones graves y muerte prematura cuando no se recibe atención adecuada.
Como referencia, señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró 15 mil 929 fallecimientos por insuficiencia renal durante 2023; de estos, 7 mil 59 correspondieron a mujeres y 8 mil 870 a hombres. La enfermedad se ubicó entre las diez principales causas de muerte para ambos grupos.
El documento también expone las dificultades que enfrenta el sistema sanitario para atender la demanda de diálisis y hemodiálisis. Actualmente, entre 150 mil y 180 mil pacientes se encuentran registrados en alguno de estos tratamientos, necesarios cuando los riñones han perdido más del 70 por ciento de su funcionalidad.
Otro de los problemas identificados es la insuficiencia de equipos e insumos. Según la propuesta, existen unidades diseñadas para atender a 100 pacientes que llegan a recibir hasta 300, por lo que recurren al reúso de materiales previamente esterilizados, una práctica que, advierte el documento, puede representar riesgos de propagación de bacterias.
Ante esta situación, Arellano Ocampo sostuvo que las personas que dependen de estos procedimientos no deberían esperar semanas o meses para recibir atención médica, pues los tratamientos son indispensables para preservar su vida.
La propuesta busca que el acceso a estos servicios no dependa de la capacidad económica de los pacientes, su lugar de residencia o la disponibilidad de espacios hospitalarios, sino que existan mecanismos institucionales para responder oportunamente a las necesidades de quienes viven con enfermedad renal crónica.
