Personal de juzgados y tribunales exige modificar el mecanismo para medir su desempeño; el Órgano de Administración Judicial sostiene que la primera revisión no pondrá en riesgo ningún puesto.
(Agencias)
Nacional. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre una suspensión de labores en distintas entidades del país para manifestar su rechazo al nuevo esquema de evaluación del personal de carrera judicial, cuyo arranque está previsto para diciembre.
La protesta fue convocada por empleados de juzgados y tribunales que consideran que los criterios establecidos para calificar su desempeño podrían generar incertidumbre sobre la continuidad de sus plazas. De acuerdo con las convocatorias difundidas por los propios trabajadores, la movilización contempla al menos 17 estados.
Entre las entidades donde se reportó la suspensión de actividades se encuentran Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Chiapas, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
La inconformidad se centra en el acuerdo emitido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que establece evaluaciones para secretarios, actuarios y oficiales judiciales. Los trabajadores cuestionan que su calificación no dependa únicamente de conocimientos técnicos, sino también de valoraciones realizadas por los titulares de las áreas donde laboran.
Patricia Aguayo, vocera del movimiento, explicó que la exigencia es dejar sin efectos el acuerdo bajo sus condiciones actuales y construir un mecanismo que permita identificar necesidades de capacitación sin utilizar los resultados para perjudicar la estabilidad laboral.
Los inconformes sostienen que no rechazan la evaluación como herramienta para mejorar el servicio de justicia, sino los parámetros y las posibles implicaciones que, desde su perspectiva, tendría el procedimiento.
OAJ descarta despidos por primera evaluación
Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial aclaró que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter exclusivamente diagnóstico. Según el organismo, sus resultados no determinarán aprobaciones o reprobaciones ni tendrán consecuencias sobre la permanencia de los trabajadores en sus puestos.
La institución explicó que esta etapa servirá para detectar fortalezas y áreas de oportunidad, así como para definir necesidades de capacitación. También reconoció el derecho del personal a manifestarse y expresó su disposición a mantener el diálogo.
El calendario contempla evaluaciones para secretarios el 4 de diciembre; para actuarios, el día 8, y para oficiales judiciales, los días 14 y 15 del mismo mes.
Mientras las autoridades sostienen que esta primera revisión no implica despidos ni pérdida de plazas, los trabajadores mantienen su exigencia de revisar las reglas del procedimiento y garantizar condiciones laborales claras para quienes integran la carrera judicial.
