La Fiscalía también reclama el reintegro de 11.1 millones de pesos por presunto daño al instituto; acusa al exfuncionario de favorecer a una empresa señalada por simular operaciones.La Fiscalía General de la Repú
Redacción El Monitor
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 18 años de prisión contra Javier Tapia Santoyo, exfuncionario del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, por presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos a una empresa señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como facturera.
Por estos hechos, la FGR lo acusa de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades. Además de la pena de cárcel, solicitó que se le imponga una multa equivalente a 225 días de salario y que pague 11.1 millones de pesos como reparación del daño al ISSSTE.De acuerdo con la acusación presentada ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, el exdirectivo habría adjudicado en abril de 2018 tres contratos a la empresa Interacción Biomédica, cuyo monto conjunto ascendió a 11.1 millones de pesos.
Los acuerdos contemplaban la contratación de estudios de electromiografía por 2.7 millones de pesos, el arrendamiento de dos equipos portátiles de rayos X por 2.8 millones y la adquisición de materiales de curación de alta especialidad por 5.6 millones de pesos.
El Ministerio Público sostiene que Tapia Santoyo habría mantenido intereses comerciales con dicha compañía y recibido transferencias por aproximadamente 20.3 millones de pesos, de manera directa y a través de terceros, entre octubre de 2017 y enero de 2019.
El Ministerio Público sostiene que Tapia Santoyo habría mantenido intereses comerciales con dicha compañía y recibido transferencias por aproximadamente 20.3 millones de pesos, de manera directa y a través de terceros, entre octubre de 2017 y enero de 2019.
Por estos hechos, la FGR lo acusa de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades. Además de la pena de cárcel, solicitó que se le imponga una multa equivalente a 225 días de salario y que pague 11.1 millones de pesos como reparación del daño al ISSSTE.
El caso también cobra relevancia por los antecedentes recientes del exfuncionario, quien en noviembre de 2025 fue separado temporalmente de su cargo como secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), luego de señalamientos relacionados con un presunto incremento patrimonial no declarado.
La solicitud de condena forma parte del proceso judicial en su contra, por lo que las acusaciones deberán resolverse ante las autoridades correspondientes.
