Organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de reglas claras para las excarcelaciones anticipadas en El Salvador y advierten que aceptar la culpabilidad podría cerrar la puerta a futuras denuncias por detenciones arbitrarias.
(Agencias)
San Salvador, El Salvador.– El plan del presidente Nayib Bukele para conceder libertad anticipada y condicional a miles de personas detenidas durante la ofensiva contra las pandillas abrió un nuevo frente de controversia en El Salvador. Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que la medida podría presionar a personas inocentes a declararse culpables para recuperar su libertad.
El mandatario anunció el 13 de octubre que su gobierno analiza la posibilidad de otorgar este beneficio a detenidos que, según las autoridades, colaboraron de manera ocasional con las pandillas, pero que no formaban parte de sus estructuras criminales. Posteriormente, precisó que se revisarían 10 mil 629 casos para determinar quiénes podrían acceder al programa.
La propuesta contempla una liberación anticipada bajo condiciones y supervisión, no una absolución automática. Sin embargo, la falta de información detallada sobre los criterios de selección, los requisitos y las garantías jurídicas ha generado preocupación entre organizaciones que representan a familiares de personas encarceladas.
Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), advirtió que quienes no cometieron delitos no deberían tener que aceptar su culpabilidad ni someterse a procedimientos abreviados para salir de prisión.
Para los defensores, el principal riesgo consiste en que la necesidad de recuperar la libertad lleve a los detenidos a admitir hechos que no cometieron, con posibles consecuencias para su defensa y para las denuncias que sus familias han presentado ante organismos nacionales e internacionales.
La controversia se desarrolla en el contexto del régimen de excepción instaurado en marzo de 2022, después de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. Desde entonces, más de 93 mil personas han sido detenidas, según cifras citadas por medios internacionales y organizaciones de derechos humanos.
La estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño ha sido defendida por la reducción de los homicidios y el debilitamiento de las estructuras criminales. No obstante, organismos humanitarios han denunciado detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos, muertes bajo custodia y obstáculos para acceder a una defensa adecuada.
Uno de los señalamientos más graves es que una parte de los detenidos no tendría vínculos comprobados con las pandillas. La organización Socorro Jurídico Humanitario estima que alrededor de una tercera parte de las personas arrestadas podría ser inocente; esa proporción corresponde a sus cálculos y no constituye una cifra judicial definitiva.
A estas preocupaciones se suma la situación procesal de miles de detenidos. Según cifras de la Fiscalía salvadoreña citadas en reportes periodísticos, cerca de 90 por ciento de las personas capturadas bajo el régimen de excepción aún no había sido procesado ante los tribunales al momento de las declaraciones recientes.
Salvador Ruiz, integrante del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, cuestionó que el programa pueda terminar silenciando a quienes denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos.
Los activistas sostienen que una declaración de culpabilidad podría complicar futuras reclamaciones, especialmente si las personas aceptan responsabilidades penales para obtener una reducción de condena sin que se esclarezcan las circunstancias de su detención.
Por su parte, el director legal de Cristosal, Abraham Ábrego, ha cuestionado que el gobierno presente a los posibles beneficiarios como colaboradores de pandillas en lugar de examinar si entre ellos hay personas detenidas injustamente.
El gobierno de Bukele sostiene que el programa está dirigido a personas con participación menor u ocasional y que cada expediente será evaluado. El presidente también ha rechazado que la iniciativa signifique liberar indiscriminadamente a integrantes de las estructuras criminales.
Sin embargo, hasta los reportes publicados el 22 de octubre de 2026, no se habían detallado públicamente todos los criterios de selección ni la fecha de inicio de las excarcelaciones.
La discusión coloca nuevamente en el centro el equilibrio entre la política de seguridad y las garantías del debido proceso. Para las organizaciones humanitarias, cualquier revisión debe distinguir entre quienes participaron en delitos y quienes fueron detenidos sin pruebas suficientes, sin convertir la confesión en una condición para recuperar la libertad.
El desafío para El Salvador será determinar si el programa permitirá corregir posibles errores judiciales o si, por el contrario, dejará a personas inocentes ante la disyuntiva de permanecer encarceladas o aceptar una culpabilidad que niegan.
