Habitantes denuncian deficiencias en el suministro y exigen una alerta sanitaria; el gobernador Pablo Lemus aseguró que la movilización fue pacífica, pero al final se registraron actos vandálicos
(Agencias)
Guadalajara, Jalisco.– La mala calidad del agua potable y los recortes en el suministro provocaron una nueva movilización ciudadana en Guadalajara, donde habitantes exigieron soluciones a las autoridades ante las denuncias de agua turbia, malos olores y posibles riesgos sanitarios. La jornada concluyó con incidentes violentos y cinco personas detenidas, informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.
El mandatario destacó que la protesta se desarrolló inicialmente de manera pacífica y aseguró que los propios manifestantes rechazaron a personas encapuchadas que presuntamente intentaron generar confrontaciones. Sin embargo, señaló que, al término de la movilización, alrededor de 300 personas permanecieron en la zona y causaron daños en inmuebles públicos, rompieron cristales, derribaron cámaras de vigilancia y lanzaron petardos y bombas molotov.
De acuerdo con Lemus, elementos policiales intervinieron para controlar incendios registrados en las puertas de los palacios Legislativo y Judicial. Añadió que los cinco detenidos viajaban en una camioneta con reporte de robo, en la que presuntamente transportaban bidones de gasolina, y que las investigaciones permitirán determinar su posible responsabilidad en los hechos.
El gobernador sostuvo que su administración modificó la estrategia de acompañamiento y seguridad para proteger a los ciudadanos y evitar enfrentamientos entre manifestantes y policías. No obstante, los incidentes se producen en un contexto de creciente inconformidad por la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
La protesta se realizó después de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) puso en marcha un programa de rotación del suministro que comprende 627 barrios y cuya primera etapa está prevista hasta marzo de 2027.
El Gobierno estatal explicó que suspendió las aportaciones de agua procedentes de Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala debido a problemas de calidad, lo que redujo la disponibilidad del recurso para distintas zonas de la metrópoli.
Desde principios de 2026, vecinos han denunciado que el agua llega a sus viviendas con tonalidades negras o cafés, además de olores similares a los del drenaje o el óxido. El propio Siapa ha reconocido anomalías en al menos 320 sectores, de acuerdo con la información difundida sobre la problemática.
A estas denuncias se suman los resultados de un monitoreo ciudadano del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que reportó deficiencias de cloración, contaminación bacteriana y presencia de metales pesados en muestras de agua recolectadas en 90 barrios.
Los habitantes también han manifestado preocupación por posibles afectaciones gastrointestinales, dermatológicas y oculares que relacionan con la calidad del agua, por lo que exigieron a las autoridades emitir una alerta sanitaria y garantizar el acceso a agua segura.
La irregularidad del servicio ha obligado a numerosas familias a comprar agua embotellada para cubrir necesidades básicas, como beber, cocinar, bañarse y mantener la higiene de sus hogares.
Rodrigo Peña, habitante de Guadalajara, relató que durante la última semana permaneció hasta cuatro días sin suministro y tuvo que destinar recursos adicionales a la compra de garrafones.
Juan Carlos Montes, vecino de Zapopan, también denunció que los cortes son cada vez más prolongados y que el agua llega en peores condiciones. Como ejemplo, señaló la acumulación de sarro en llaves y otras instalaciones domésticas.
Los testimonios reflejan el impacto cotidiano de la crisis hídrica, particularmente para quienes deben asumir gastos adicionales mientras esperan una solución permanente al problema de abastecimiento y calidad.
Durante la movilización, los participantes también expresaron su rechazo al esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación (CMRO), que contempla la participación de empresas privadas en infraestructura hídrica por periodos de hasta 25 años.
Lemus ha negado que este mecanismo represente una privatización del servicio y aseguró que su administración busca alcanzar un acuerdo de inversión con el Gobierno federal para desarrollar un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.
La segunda movilización se produjo una semana después de otra protesta que dejó 39 personas detenidas, según cifras oficiales. Tras aquella jornada, la Secretaría de Seguridad estatal informó que investigaba a 17 policías por presunto uso excesivo de la fuerza.
Mientras avanzan las indagatorias por los hechos violentos, la inconformidad ciudadana continúa centrada en la exigencia de agua potable de calidad, suministro regular, información transparente y medidas que protejan la salud de la población.
