(Agencias)
Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, como presunto responsable de permitir la participación de agentes estadounidenses, identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara, sin contar con la autorización correspondiente de las autoridades federales.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó de “muy irresponsable” la actuación del exfuncionario y sostuvo que las autoridades estatales no tenían facultades para autorizar la intervención de agentes extranjeros en acciones que, de acuerdo con las investigaciones, correspondían a instancias federales.
Sheinbaum explicó que, según la información proporcionada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, el caso derivó en investigaciones tanto estatales como federales por la presunta participación irregular de personal estadounidense en territorio mexicano.
Los hechos se remontan a abril de 2026, cuando personal de seguridad participó en un despliegue contra un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.
Durante el regreso del operativo, un vehículo en el que viajaban agentes estadounidenses y elementos de la Fiscalía estatal sufrió un accidente carretero que provocó la muerte de cuatro personas: dos ciudadanos estadounidenses y dos integrantes de las corporaciones mexicanas.
El percance puso al descubierto la presencia de personal extranjero en actividades de seguridad dentro del territorio nacional y abrió un debate sobre los límites de la cooperación entre México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado.
La presidenta sostuvo que el intercambio de información y la colaboración internacional deben realizarse dentro del marco legal mexicano, sin permitir que agentes extranjeros participen directamente en operativos sin las autorizaciones correspondientes.
La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua detuvo a Jáuregui por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Posteriormente, la Fiscalía General de la República informó sobre una orden de aprehensión relacionada con la presunta comisión del delito de traición a la patria.
Las autoridades investigan si el exfiscal permitió que personal extranjero participara en actividades reservadas a las instituciones mexicanas y si se omitieron los protocolos y las cadenas de mando establecidos para este tipo de operaciones.
Sheinbaum consideró que los responsables de las fiscalías deben actuar conforme a la ley y cuestionó que un funcionario encargado de procurar justicia presuntamente hubiera permitido actuaciones fuera de sus atribuciones.
Por su parte, la defensa de Jáuregui rechazó que el exfiscal hubiera ordenado o autorizado la participación de agentes extranjeros. Su abogado, Héctor Villasana, afirmó que no existen pruebas de que su cliente tuviera conocimiento previo de esa intervención y señaló a otros mandos de investigación como parte de la controversia.
Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades individuales en el operativo. Hasta que exista una resolución judicial definitiva, las imputaciones contra el exfiscal deberán considerarse presuntas y no hechos acreditados mediante sentencia.
