Durante las comparecencias de los secretarios de Finanzas y de Seguridad, los diputados Alejandro Castro y Mariano Camacho exigieron cuentas claras en el gasto en salud, infraestructura vial y condiciones laborales para la policía estatal
Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. En el marco de la revisión de la administración pública del Estado de México, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fijó una postura de firme fiscalización ante los titulares de las secretarías de Finanzas y de Seguridad, al advertir que los recursos públicos y las estadísticas oficiales deben traducirse en mejoras palpables y mayor tranquilidad para la población mexiquense.
A través de sus legisladores Alejandro Castro y Mariano Camacho, la bancada priista cuestionó severamente el ejercicio presupuestal destinado a rubros críticos como la infraestructura vial, el sector salud y los programas de desarrollo municipal, al tiempo que demandó evaluar la política de seguridad pública por sus impactos reales en la cotidianidad y no únicamente por el volumen de operativos o detenciones efectuadas.
En su intervención durante la comparecencia del secretario de Finanzas, el diputado Alejandro Castro enfatizó que la responsabilidad financiera del Ejecutivo estatal no se demuestra en el papel, sino con obras verificables y servicios públicos eficientes en cada uno de los municipios de la entidad.
El legislador priista pidió detallar con precisión el manejo de los recursos empleados en el mantenimiento de la red carretera y vial de la entidad, así como el destino final de más de 45 mil millones de pesos aprobados para la salud pública durante el periodo 2025-2026.
Asimismo, Castro solicitó que se transparenten las aportaciones y el respaldo financiero que brindará la administración estatal para asegurar la continuidad asistencial en las clínicas y hospitales mexiquenses en medio del proceso de transición hacia el modelo IMSS-Bienestar.
Respecto al fortalecimiento local, el diputado pidió conocer el avance financiero y el número de ayuntamientos beneficiados a través del Gasto de Inversión para el Desarrollo del Estado de México (GIDEM), argumentando que las verdaderas transformaciones sociales se gestionan desde los gobiernos municipales.
Por su parte, al dar voz al PRI en la comparecencia del secretario de Seguridad, el diputado Mariano Camacho sostuvo que las cifras recientes expuestas por la autoridad no significan que la crisis de inseguridad esté resuelta ni que las estrategias actuales cumplan las expectativas de la ciudadanía.
Camacho cuestionó directamente las condiciones laborales, salariales y de cobertura de salud del personal policial, además de exigir certezas sobre los esquemas de apoyo y protección social destinados a las familias de los agentes que pierden la vida o sufren incapacidades en el ejercicio de su deber.
En el ámbito preventivo y operativo, el congresista solicitó los indicadores exactos para evaluar la efectividad de los cursos de Competencias Básicas de la Función Policial, con el objetivo de verificar si han derivado en un mejor trato ciudadano y en la erradicación de prácticas indebidas dentro de la corporación.
“El fortalecimiento de la seguridad no se construye únicamente con estadísticas, discursos o buenas intenciones, se construye con instituciones sólidas, policías preparados, decisiones responsables y resultados que puedan comprobarse”, sentenció Mariano Camacho al señalar que la sociedad merece vivir con mayor tranquilidad.
Frente a ambos funcionarios, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI coincidieron en que el presupuesto estatal debe ejercerse bajo rigurosos criterios de rendición de cuentas y vigilancia constante para evitar subejercicios o desvíos institucionales.
Finalmente, la representación legislativa priista reiteró su disposición para construir acuerdos y promover iniciativas de ley que permitan dignificar la labor policial, combatir la impunidad y respaldar a los municipios, reafirmando que mantendrán una postura crítica y vigilante sobre el uso del erario estatal.
