Niñas de comunidades indígenas awajún y wampis enfrentan violencia sexual, contagios de VIH y falta de atención institucional en la Amazonía peruana. Organizaciones denuncian impunidad y exigen protección integral para las víctimas
(Agencias)
Más de mil denuncias relacionadas con abusos sexuales contra menores de edad han encendido las alarmas en Perú, donde comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui, en la región amazónica de Amazonas, enfrentan una crisis de violencia sexual, contagios de VIH y falta de respuesta efectiva de las autoridades judiciales.
La gravedad del caso quedó expuesta nuevamente tras conocerse testimonios de niñas de apenas tres y cuatro años diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), en un contexto en el que especialistas y representantes comunitarios advierten sobre las consecuencias devastadoras de las agresiones sexuales y la ausencia de atención oportuna.
De acuerdo con un reporte de BBC Mundo publicado el 13 de octubre de 2026, desde 2014 se han contabilizado cerca de mil denuncias relacionadas con abuso sexual de menores, tocamientos y violencia de género en la zona. Algunas estimaciones elevan la cifra hasta mil 400 casos, aunque no todas las denuncias corresponden exclusivamente a agresiones sexuales contra niñas.
La situación afecta principalmente a integrantes de los pueblos indígenas awajún y wampis, cuyas comunidades viven en una región amazónica donde las distancias, las limitaciones presupuestarias y la escasa presencia de instituciones de justicia dificultan la atención de las víctimas y el seguimiento de las investigaciones.
Denuncias que permanecen sin respuesta
La Defensoría del Pueblo de Perú ya había alertado sobre la dimensión del problema. En 2024, documentó al menos 500 casos de acoso y violencia sexual en centros educativos de la provincia, en los que se señaló a docentes como presuntos responsables de agresiones contra estudiantes menores de edad.
Las denuncias provocaron indignación entre las familias y las organizaciones indígenas, que llevan años exigiendo investigaciones, sanciones para los responsables y mecanismos efectivos para impedir que las agresiones continúen.
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, ha encabezado los reclamos para visibilizar la situación y exigir que las autoridades destinen recursos suficientes para investigar los casos y proteger a las menores.
La dirigente ha denunciado que las comunidades enfrentan obstáculos para conseguir que las autoridades escuchen sus testimonios y lleven los expedientes ante la justicia. La falta de personal, las dificultades de acceso y la insuficiencia de recursos públicos agravan la desprotección de las víctimas.
