Claudia Zavala Martínez
Estado de México.- Para una niña, niño o adolescente que ha perdido el cuidado familiar o enfrenta una situación de violencia, abandono o vulnerabilidad, un albergue debería representar protección, estabilidad y una oportunidad para reconstruir su vida. Sin embargo, la pregunta sobre qué tan seguros son estos espacios en el Estado de México obliga a mirar más allá de las instalaciones y revisar quién los supervisa, qué protocolos aplican y qué mecanismos existen para detectar y denunciar posibles abusos.
En el Estado de México existe un marco legal específico para los Centros de Asistencia Social (CAS). La legislación estatal establece que estos establecimientos deben garantizar el interés superior de la niñez y proporcionar condiciones adecuadas para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o desamparo familiar. La ley fue reformada por última vez en abril de 2026.
Seguridad que debe estar en el papel
La normativa mexiquense establece requisitos concretos. Los centros deben contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia, espacios adecuados según la edad y condición de los menores, áreas de recreación, atención médica y personal capacitado.
También deben disponer de iluminación y ventilación suficientes, instalaciones que no representen riesgos, extintores, detectores de humo, rutas de evacuación, salidas de emergencia y señalización de protección civil. Además, se exige un control de acceso para trabajadores y visitantes.
La separación por edades y sexo también forma parte de las medidas previstas. Los dormitorios deben organizarse de acuerdo con estas características y, salvo casos en que requieran asistencia, las niñas, niños y adolescentes no deben compartir dormitorios con adultos.
Pero que exista una norma no significa, por sí mismo, que todas las condiciones se cumplan permanentemente. La seguridad de los menores depende también de la supervisión, las inspecciones, la capacitación del personal y la capacidad de las autoridades para actuar cuando existe una denuncia.
¿Quién vigila estos lugares?
A nivel nacional existe el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social (RNCAS), herramienta que concentra información de instituciones públicas, privadas y asociaciones que ofrecen acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o familiares. Los centros registrados deben haber sido autorizados por las procuradurías de protección federal o estatales después de cumplir con la normatividad aplicable.
En el ámbito mexiquense, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) establece mecanismos de protección especial para menores cuyos derechos hayan sido vulnerados. El objetivo es garantizar que vivan en entornos libres de maltrato, discriminación, abandono, explotación y violencia.
Esto resulta particularmente importante porque muchos de los menores que llegan a estos centros no parten de una situación de normalidad: algunos han enfrentado violencia familiar, abandono, explotación, trata o pérdida de cuidados parentales. El albergue debe convertirse en un espacio de protección y no en un nuevo escenario de vulnerabilidad.
El antecedente que encendió las alertas
La preocupación no es exclusivamente teórica. En 2025 salió a la luz un caso relacionado con la organización Niños de México, que durante décadas operó hogares de acogida en el Estado de México y Puebla. Una investigación independiente documentó denuncias de abuso sexual y violencia física y psicológica contra menores durante varios años; tras la publicación del informe, la organización dejó de operar y las autoridades intervinieron sus instalaciones y protegieron a decenas de menores.
El caso mostró uno de los mayores riesgos de los centros de acogimiento: que una institución pueda funcionar durante años sin que las posibles agresiones sean detectadas o atendidas oportunamente.
Por ello, la discusión sobre los albergues no debería limitarse a cuántas camas tienen o si reciben alimentación. También debe preguntarse cómo se selecciona al personal, quién tiene contacto directo con los menores, cómo se supervisan las visitas, qué mecanismos confidenciales existen para denunciar y cada cuánto tiempo se realizan inspecciones.
El reto de los centros públicos
El DIF del Estado de México cuenta con Centros de Asistencia Social destinados a brindar alojamiento y atención integral a niñas, niños y adolescentes. Documentos oficiales señalan que estos espacios ofrecen servicios como alimentación, educación, atención psicológica y médica.
La propia Secretaría de Seguridad estatal reporta, además, la existencia de un Albergue para Adolescentes dentro de sus programas de prevención y reintegración social.
Sin embargo, las necesidades de esta población van mucho más allá de proporcionar techo y comida. Los menores requieren acompañamiento psicológico, educación, atención médica, actividades deportivas y culturales, así como procesos adecuados para recuperar vínculos familiares cuando ello sea posible y seguro.
La pregunta pendiente
Entonces, ¿son seguros los albergues para niños y jóvenes en el Estado de México? La respuesta no puede ser generalizada. Existen normas, registros y mecanismos institucionales diseñados para garantizar su protección, pero la verdadera seguridad de cada centro depende de que esas obligaciones se cumplan y sean verificadas de manera constante.
El desafío está en evitar que la supervisión ocurra únicamente después de una denuncia o de que un caso grave llegue a los medios de comunicación. Para una población que ya ha sufrido alguna forma de vulnerabilidad, la prevención debería ser la primera línea de defensa.
En los albergues donde viven niñas, niños y adolescentes, la seguridad no puede medirse únicamente por la existencia de rejas, cámaras o personal de vigilancia. También implica garantizar que cada menor pueda dormir, estudiar, convivir y pedir ayuda sin miedo a represalias.
La protección efectiva comienza cuando existen canales independientes y accesibles para denunciar, inspecciones periódicas, personal debidamente evaluado y capacitado, transparencia sobre las condiciones de los centros y una respuesta inmediata ante cualquier señal de violencia.
Porque para un menor que llega a un albergue buscando protección, el lugar que debería ser su refugio nunca puede convertirse en otra fuente de riesgo.
