La primera comisariada de San Pedro Atlapulco fija postura en conflicto por 1,700 hectáreas: «Sí a la paz, pero con respeto a la ley»
Yadira Villela apela a las sentencias judiciales y resoluciones presidenciales, para poner fin a la disputa limítrofe con San Jerónimo Acazulco.
Ana Lilia García Castelán
Ocoyoacac, México. El conflicto por los límites territoriales en el Valle de Toluca suma un capítulo decisivo con la elección de Yadira Maribel Villela Esquivel, quien es la actual Comisaría Agraria de la comunidad de San Pedro Atlapulco inmerso en lo que se conoce como La Marquesa, uno de las áreas naturales más conocidas y protegidas a nivel nacional. Al convertirse en la primera mujer en ocupar la máxima responsabilidad agraria del pueblo originario – que abarca cinco valles-, hoy Villela enfrenta el reto de encauzar un diferendo histórico por aproximadamente 1,700 hectáreas con la comunidad vecina de San Jerónimo Acazulco, que en los últimos años ha disputado mil 700 hectáreas de tierra a Atlapulco .
La controversia por la franja limítrofe no es un tema menor: en diversas ocasiones ha derivado en cierres carreteros y episodios de tensión social en la zona. Ante este panorama, la presidenta sostiene que la postura de Atlapulco es firme y pacífica, sustentada en la legalidad e institucionalidad. «Sí a la paz, pero una paz basada en el respeto», subraya al hacer un llamado a que cualquier inconformidad se canalice estrictamente a través de las instancias jurídicas. «los habitantes de Atlapulco somos personas racionales, pero siempre vamos a defender lo que nos pertenece».
La comisionada precisa que el reclamo territorial que reactivó el procedimiento jurídico en 2023 ha contado con al menos tres resoluciones y sentencias favorables a San Pedro Atlapulco, sin que ello sea suficiente para acabar con la discordia que insiste en mantener Acazulco, aún cuando la ley no le favorece. Según detalla, la comunidad que se distingue por su unidad, cuenta con una resolución presidencial fechada en 1946, respaldada por un plano definitivo y un levantamiento topográfico oficial que avalan la posesión y delimitación exacta de sus 7,110 hectáreas.
En ese sentido, la lideresa agraria cuestiona que el descontento de la comunidad colindante se traduzca en afectaciones a terceros, como el bloqueo de vías de comunicación. Villela Esquivel enfatiza que las vías institucionales ya han emitido su fallo y que el cumplimiento de los resolutivos judiciales es la única vía para garantizar la convivencia armónica entre pueblos originarios vecinos.
Al asumir la representación de 1,489 comuneros y cerca de 5,000 habitantes en medio de este diferendo, la llegada de Villela quien dejó la enseñanza para ocupar su nueva responsabilidad, marca un hito de género en la resolución de pugnas agraristas, un terreno históricamente gestionado por varones. Su liderazgo introduce un enfoque donde la contención legal del conflicto se complementa con la cohesión comunitaria y la resistencia a presiones externas.
Adicionalmente, el conflicto por las 1,700 hectáreas se da en un entorno de constante presión inmobiliaria y avance urbano. Frente a ello, la presidenta agraria remarca que las comunidades originarias se diferencian de los ejidos posrevolucionarios porque su fin prioritario es salvaguardar la cosmovisión, cultura e integridad del territorio ancestral, impidiendo la venta de tierras a actores ajenos al pueblo.
Para la comisariada, la estrategia para defender la franja en disputa y la totalidad del patrimonio comunal no reside únicamente en los tribunales. Argumenta que la mejor garantía contra el despojo o las pretensiones de terceros es la presencia activa: aprovechar las 7,110 hectáreas de forma sustentable, generar empleo local y mantener vivas las tradiciones de la comunidad.
Respecto al rumbo que tomará la Comisaría Agraria bajo su mando, Villela ratifica que mantendrán la apertura al diálogo, pero sin ceder sobre los derechos que la ley ya les ha reconocido. Insiste en que el respeto a las fronteras históricas y a las sentencias judiciales es la única fórmula para resolver definitivamente las fricciones con San Jerónimo Acazulco.
La contienda por la tierra en esta zona de Ocoyoacac también ha dejado secuelas históricas en la memoria del pueblo, con litigios prolongados e incluso la pérdida de vidas en épocas pasadas. Villela Esquivel asume esta memoria como un compromiso para actuar con rigor legal, buscando que la defensa del territorio sea garantía de seguridad jurídica para las futuras generaciones.
