(Agencias)
La estrategia de la administración de Donald Trump para abrir el mercado estadounidense al oro venezolano enfrenta un nuevo obstáculo: parte del metal que ya llegó a Estados Unidos permanece almacenado, mientras refinerías cuestionan procesarlo debido a dudas sobre su procedencia y posibles vínculos con minería ilegal, corrupción y grupos criminales.
De acuerdo con una investigación publicada el 28 de septiembre por The New York Times y retomada por agencias internacionales, los cargamentos de oro venezolano enviados a Estados Unidos tienen un valor de cientos de millones de dólares, pero algunos permanecen intactos en almacenes porque las empresas refinadoras buscan garantías suficientes sobre la cadena de suministro.
El origen de la operación se encuentra en el acuerdo alcanzado en marzo de 2026 entre la empresa estatal venezolana Minerven y la comercializadora de materias primas Trafigura. El convenio contempla el suministro de entre 650 y mil kilogramos de oro doré, destinado al mercado estadounidense. Con los precios señalados en los reportes de entonces, una operación de mil kilogramos rondaba los 165 millones de dólares.
El gobierno estadounidense había dado un giro importante a su política hacia los minerales venezolanos. El Departamento del Tesoro, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió en marzo la Licencia General 51 para autorizar determinadas operaciones relacionadas con oro de origen venezolano. Posteriormente, la autorización fue modificada en varias ocasiones y actualmente se encuentra vigente la Licencia General 51D, emitida el 2 de septiembre.
La normativa estadounidense permite determinadas operaciones de compra, almacenamiento, transporte, refinación y comercialización del oro venezolano bajo condiciones específicas. Sin embargo, también exige controles sobre la cadena de custodia y establece restricciones para operaciones vinculadas con determinados países y actores sancionados. OFAC advierte además que quienes realicen operaciones fuera de las condiciones autorizadas pueden enfrentar riesgos de sanciones.
El punto crítico para las refinerías es demostrar que el metal no está relacionado con actividades ilícitas. Según la investigación periodística, algunas empresas se han negado a procesar determinadas partidas porque no pueden certificar que el oro no haya financiado a organizaciones criminales, minería ilegal, corrupción o daños ambientales. Esto ha dejado parte del metal en espera mientras se revisa su trazabilidad.
El caso resulta particularmente relevante porque el oro venezolano había sido objeto de fuertes restricciones durante el primer mandato de Trump. En marzo de 2019, Estados Unidos incluyó el sector aurífero venezolano entre las actividades sujetas a sanciones, argumentando preocupaciones relacionadas con corrupción y daños ambientales. Siete años después, la política de Washington hacia los recursos minerales de Venezuela ha cambiado sustancialmente.
A septiembre de 2026, Washington mantiene abierta la puerta para determinadas operaciones con Minerven y otros actores del sector minero venezolano, pero bajo un esquema de controles y reportes. La propia OFAC señala que las transacciones autorizadas deben realizarse por canales legítimos y que existen obligaciones de información sobre las partes involucradas, cantidades, precios y mecanismos de debida diligencia de la cadena de suministro.
El episodio muestra así una de las principales dificultades de la nueva política estadounidense hacia Venezuela: abrir el comercio de sus recursos naturales no elimina automáticamente los problemas de trazabilidad y cumplimiento que enfrentan las empresas. Mientras Washington busca incorporar el oro venezolano a los mercados internacionales, las refinerías estadounidenses deben determinar si pueden asumir legal y comercialmente el riesgo asociado con cada cargamento.
Por ahora, el oro que permanece almacenado representa un problema tanto comercial como regulatorio. La operación impulsada por la administración Trump busca convertir los recursos minerales venezolanos en una vía de integración económica, pero la decisión de las refinerías evidencia que el origen del metal y la capacidad de acreditar una cadena de suministro legítima siguen siendo factores determinantes para que el negocio pueda avanzar.
