(Agencias)
La política migratoria de Estados Unidos de trasladar a personas deportadas a terceros países ha generado preocupación entre expertos independientes de Naciones Unidas, quienes advirtieron que estos acuerdos pueden exponer a los migrantes a una cadena de posibles violaciones de derechos humanos.
Los especialistas señalaron que, desde el inicio de la administración de Donald Trump en enero de 2025, Estados Unidos ha establecido acuerdos con diversos países para recibir a personas que no pueden ser deportadas directamente a sus lugares de origen. Según la información difundida por los expertos, más de 35 países han suscrito este tipo de acuerdos y alrededor de 23 mil personas de terceros países han sido trasladadas bajo este esquema.
Los expertos independientes vinculados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron que enviar a personas a territorios con los que no mantienen vínculos puede incrementar su vulnerabilidad y provocar consecuencias particularmente graves para quienes ya escaparon de situaciones de violencia, persecución o discriminación.
Entre los riesgos señalados se encuentran tortura, malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, trata de personas y otras formas de explotación. También existe preocupación por posibles violaciones al principio de no devolución, que busca impedir que una persona sea trasladada a un lugar donde pueda enfrentar persecución o graves violaciones de sus derechos.
La advertencia adquiere especial relevancia para grupos considerados en condiciones de mayor vulnerabilidad. Los expertos mencionaron a niñas, niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT+, defensores de derechos humanos y personas apátridas, entre otros.
De acuerdo con el planteamiento de los especialistas, una deportación hacia un tercer país puede representar una experiencia traumática cuando la persona no tiene redes familiares, sociales o legales en ese territorio. Además, señalaron que algunas personas podrían ser enviadas a lugares donde enfrentan riesgos adicionales de violencia o discriminación.
Las preocupaciones no son nuevas. En documentos publicados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se han registrado casos relacionados con personas migrantes y solicitantes de asilo que enfrentaban la posibilidad de ser trasladadas desde Estados Unidos hacia Nicaragua u otros terceros países, con advertencias sobre posibles violaciones graves de derechos humanos.
La utilización de terceros países se ha convertido en uno de los componentes de la estrategia estadounidense para acelerar las expulsiones. El esquema permite que una persona sea trasladada fuera de Estados Unidos aun cuando su país de origen no sea el destino inmediato de la deportación.
Para los expertos de Naciones Unidas, esta práctica plantea interrogantes sobre las garantías legales, el acceso a procedimientos de asilo y los mecanismos para impugnar una expulsión. En comunicaciones anteriores, especialistas de la ONU han expresado preocupación por personas que enfrentaban deportaciones a terceros países sin garantías suficientes frente a posibles abusos.
La discusión se desarrolla en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Amnistía Internacional publicó recientemente una investigación en la que documentó lo que describe como violaciones de derechos humanos contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas durante las operaciones de control migratorio de Estados Unidos. La organización también ha cuestionado el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha cuestionado públicamente las prácticas de ICE y la política migratoria de la administración Trump. La organización sostiene que las operaciones de detención y deportación deben respetar las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos.
El conflicto plantea un dilema que va más allá de las políticas migratorias estadounidenses: hasta dónde puede llegar un Estado para expulsar a una persona sin poner en riesgo sus derechos fundamentales.
Los expertos independientes de la ONU no hablan formalmente en nombre de toda la organización, pero sus mandatos forman parte de los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Sus pronunciamientos y comunicaciones sirven para señalar posibles incumplimientos y solicitar explicaciones a los gobiernos.
Mientras Washington busca ampliar y agilizar las deportaciones, organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos reclaman que cualquier traslado respete garantías de debido proceso y permita evaluar las condiciones que enfrentará cada persona en el país de destino.
El debate continuará mientras Estados Unidos mantenga acuerdos con terceros países para recibir deportados. El principal punto de controversia será determinar si estos mecanismos permiten realizar expulsiones de manera rápida sin trasladar los riesgos de persecución, tortura, violencia o discriminación de un territorio a otro.
