Claudia Zavala Martínez
Ciudad de México.- A dos años del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la evaluación ciudadana muestra un escenario contrastante: la presidenta conserva niveles no altos de aprobación, pero la inseguridad, el crimen organizado, la corrupción y el desempeño económico concentran buena parte de las preocupaciones de la población.
Sin embargo, la percepción sobre áreas específicas de gobierno presenta diferencias importantes. Mientras los programas sociales obtuvieron 64% de opiniones favorables, la seguridad pública registró solamente 13% de opiniones positivas, el crimen organizado 11% y el combate a la corrupción 14%.
Seguridad: el principal reclamo ciudadano
El dato que mayor presión representa para el gobierno federal es la percepción de inseguridad. En agosto, 65% de las personas consultadas identificó la inseguridad como el principal problema del país, frente a 52% un mes antes. Además, 76% emitió una opinión negativa sobre el desempeño gubernamental en seguridad pública, el nivel más elevado registrado en esa medición durante la administración de Sheinbaum.
Los datos del INEGI muestran que la preocupación tiene un componente concreto. La ENVIPE 2026 estimó que durante 2025 23 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito y que en 28.5% de los hogares mexicanos al menos uno de sus integrantes sufrió un delito. La tasa fue de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes.
La encuesta también calculó 33.8 millones de delitos durante 2025. De ellos, 93.4% no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación, fenómeno conocido como cifra oculta. Entre los delitos más frecuentes estuvieron el fraude, la extorsión y el robo en calle o transporte público.
La percepción de inseguridad tampoco ha desaparecido. En marzo de 2026, 61.5% de la población adulta consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). La proporción fue considerablemente mayor entre mujeres, con 67.2%, frente a 54.6% entre hombres.
Homicidios: baja en los indicadores, pero es latente que persiste la preocupación ciudadana
El gobierno federal sostiene que su estrategia de seguridad ha conseguido una reducción considerable de los homicidios dolosos. De acuerdo con cifras presentadas por Presidencia, el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una disminución de 53%. El gobierno señaló que agosto de 2026 fue el mes con el promedio más bajo de homicidios de la serie que inicia en 2015.
El propio Gabinete de Seguridad advierte que sus reportes diarios son preliminares y que la clasificación definitiva corresponde a las fiscalías y procuradurías estatales; la estadística oficial de incidencia delictiva es publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otra parte, las cifras de mortalidad del INEGI muestran la dimensión acumulada del problema: durante 2025 se registraron preliminarmente 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio en México.
Así, existe una diferencia relevante entre la reducción reciente de los homicidios que destaca el gobierno y la percepción de inseguridad y victimización que permanece entre amplios sectores de la población.
Economía: crecimiento, inflación y percepción ciudadana
En materia económica, los datos también presentan claroscuros. El INEGI reportó que el PIB creció 1.9% a tasa anual durante el segundo trimestre de 2026, mientras que respecto al trimestre previo avanzó 1.4%. Las actividades terciarias crecieron 2.3% anual y las secundarias 0.9%.
La inflación anual fue de 3.42% en la primera quincena de septiembre de 2026, mientras que la tasa de desocupación se ubicó en 2.7% de la población económicamente activa en julio.
Sin embargo, la percepción ciudadana no necesariamente sigue la evolución de los indicadores macroeconómicos. En la encuesta de Enkoll, 42% de los entrevistados consideró que la situación económica había empeorado durante los dos primeros años del gobierno.
Esto revela uno de los principales retos de la administración: un crecimiento económico moderado no necesariamente se traduce en una percepción positiva de bienestar familiar, particularmente cuando los hogares enfrentan gastos elevados en vivienda, alimentación, transporte, salud y servicios.
Corrupción y crimen organizado, otra zona de desgaste
La corrupción aparece igualmente entre los puntos débiles de la evaluación gubernamental. En la medición, únicamente 14% expresó opiniones favorables sobre el combate a la corrupción, mientras que el rubro de crimen organizado alcanzó apenas 11% de opiniones positivas.
Este resultado adquiere relevancia porque la inseguridad no se limita al número de homicidios. La extorsión, el cobro de piso, los robos, las desapariciones, el tráfico de personas y la presencia territorial de organizaciones criminales son fenómenos que afectan directamente la percepción de seguridad de comunidades y sectores productivos.
Una aprobación alta con pendientes visibles
El panorama, por tanto, no puede resumirse simplemente en que existe un rechazo mayoritario al gobierno.
Pero esa aprobación general convive con una evaluación mucho más crítica de determinadas áreas. Seguridad pública, crimen organizado y corrupción presentan niveles de aprobación considerablemente inferiores al respaldo general de la presidenta, mientras que la economía mantiene una valoración intermedia.
El reto para el gobierno de Sheinbaum durante la segunda mitad de su administración será, en términos de percepción ciudadana, convertir los avances estadísticos en seguridad y los indicadores macroeconómicos en una sensación tangible de tranquilidad y bienestar para los hogares. Los datos muestran que existe una brecha entre los resultados que destaca el gobierno y los problemas que todavía experimenta o percibe la mayor parte importante de la población.
En síntesis: México llega al segundo año del gobierno de Sheinbaum con una presidenta que no mantiene una aprobación elevada, pero con seguridad, corrupción y economía como áreas donde la ciudadanía expresa mayores reservas. Los fuertes cuestionamientos sectoriales constituye uno de los rasgos centrales de la evaluación pública del gobierno en 2026.
