(Agencias)
El nombre de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a colocarse en el centro de la atención internacional luego de que The New York Times reportara que dos agencias del Gobierno de Estados Unidos revisan acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con el reporte publicado este martes 29 de septiembre, la información proviene de cinco personas familiarizadas con las indagatorias. Sin embargo, el diario estadounidense precisó que no se ha iniciado un proceso formal contra López Beltrán y que tampoco existe, hasta ahora, una acusación penal presentada públicamente en su contra en Estados Unidos.
El caso adquiere relevancia debido a que el hijo del expresidente habría utilizado intermediarios para intentar establecer contacto con funcionarios estadounidenses con conocimiento de las indagaciones. Según las fuentes citadas por The New York Times, las partes no han sostenido conversaciones formales sobre el asunto.
La información se conoce semanas después de que López Beltrán confirmó públicamente que Estados Unidos le revocó la visa. En agosto, el político calificó la decisión como una “canallada” y dirigió una carta al presidente estadounidense Donald Trump en la que cuestionó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.
El Gobierno estadounidense, por su parte, ha mantenido su política de no revelar las razones particulares por las que se revoca o niega una visa, por lo que oficialmente no ha establecido que la medida migratoria contra López Beltrán esté relacionada con las indagaciones ahora reportadas por el periódico estadounidense.
Los señalamientos también se producen en un contexto de investigaciones periodísticas y judiciales en México relacionadas con el huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustibles que ha colocado bajo escrutinio a empresarios, funcionarios y personas vinculadas con redes de importación y distribución ilegal de hidrocarburos.
En agosto pasado, medios mexicanos reportaron que el nombre de López Beltrán aparecía mencionado en testimonios relacionados con una investigación de la Fiscalía General de la República sobre una presunta red de contrabando de combustible. El abogado de los hermanos Farías Laguna, investigados en ese caso, confirmó entonces la existencia de declaraciones que hacían referencia al hijo del expresidente.
No obstante, la mención de una persona en testimonios o documentos de una investigación no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad penal. Además, reportes recientes señalan que la FGR ha negado públicamente que exista una investigación formal o una orden de aprehensión contra López Beltrán por este caso.
El episodio también tiene una dimensión política. López Beltrán dejó recientemente la Secretaría de Organización de Morena para concentrarse en sus aspiraciones políticas en Tabasco, donde busca competir por una diputación federal en las elecciones intermedias de 2027.
La eventual llegada a la Cámara de Diputados tendría relevancia política y jurídica, debido a que una diputación federal implica formar parte del Poder Legislativo y contar con las prerrogativas constitucionales correspondientes al cargo.
La presidenta Claudia Sheinbaum había respaldado anteriormente a López Beltrán después de la revocación de su visa y señaló que una visa únicamente permite ingresar a otro país. También sostuvo que las decisiones relacionadas con asuntos internos de México corresponden a los mexicanos.
Por ahora, el elemento central del nuevo reporte es que agencias estadounidenses están revisando acusaciones, pero el propio informe periodístico establece que no existe un procedimiento formal contra López Beltrán. Cualquier conclusión sobre una eventual responsabilidad tendría que derivarse de investigaciones oficiales, evidencias verificables y, en su caso, procedimientos judiciales.
El caso coloca nuevamente el huachicol fiscal y las redes de contrabando de combustible en el centro de la agenda bilateral México-Estados Unidos, mientras aumenta el escrutinio sobre las relaciones empresariales y políticas de personas cercanas al círculo del expresidente López Obrador.
