(Agencias)
Ciudad de México.-El aseguramiento de alrededor de 59 millones de litros de hidrocarburos, presentado la semana pasada como uno de los principales golpes contra el robo y tráfico ilegal de combustibles, ha comenzado a generar cuestionamientos sobre la naturaleza y procedencia del producto decomisado.
El volumen asegurado fue dado a conocer como resultado de un operativo contra una red dedicada presuntamente al almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos. La dimensión del decomiso llamó la atención debido a la cantidad de combustible involucrada y al impacto económico que podría representar para las organizaciones dedicadas al mercado ilícito.
Sin embargo, en los días posteriores han surgido dudas sobre qué proporción de los 59 millones de litros corresponde efectivamente a hidrocarburos de procedencia ilegal y cuánto podría tratarse de producto adquirido o transportado bajo esquemas distintos al robo directo de combustible.
La diferencia resulta relevante, debido a que el término huachicol suele utilizarse para identificar hidrocarburos obtenidos mediante extracción clandestina o comercializados fuera de los canales legales. Por ello, determinar la procedencia del combustible requiere peritajes, documentación comercial y trazabilidad de las operaciones.
Las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones correspondientes el origen, propiedad y situación jurídica del hidrocarburo asegurado. También tendrán que determinar si existieron irregularidades fiscales, aduaneras, administrativas o penales relacionadas con su almacenamiento y traslado.
El caso ha puesto nuevamente bajo la lupa el combate al mercado ilícito de combustibles, una actividad que involucra no solamente el robo de hidrocarburos, sino también posibles redes de distribución, empresas fachada, transporte irregular y mecanismos para introducir producto al mercado formal.
La cantidad asegurada, por sí sola, no determina que todo el combustible tenga el mismo origen ilegal. Será la investigación ministerial y los análisis técnicos los que permitan establecer qué volumen puede ser acreditado como producto relacionado con actividades delictivas.
Mientras avanzan las indagatorias, el aseguramiento de los 59 millones de litros permanece como un caso de alto impacto dentro de la estrategia contra el huachicol. La principal interrogante ahora es cuánto del combustible podrá ser acreditado legalmente como hidrocarburo ilícito y cuál será el destino de todo el producto asegurado.
