La legisladora priista advirtió que no se puede reinventar el sector agropecuario cada seis años y demandó pasar de los «discursos bonitos» a soluciones de fondo e inversión real.
Ana LLilia García Castelán
Toluca, Edomex. Frente a los crecientes costos de producción y la desventaja competitiva ante el mercado extranjero, la diputada Lety Mejía García, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de ley para garantizar un incremento anual mínimo del 10% en el presupuesto destinado al campo del Estado de México.
La propuesta busca elevar a rango legal este techo financiero para dar certidumbre a agricultores y ganaderos de la entidad, asegurando que cada ejercicio fiscal reciba más recursos que el anterior de manera progresiva.
Durante su intervención en la LXII Legislatura local, la legisladora enfatizó que esta medida es crucial previo a la discusión del Presupuesto de Egresos 2027, pues permitirá contrarrestar los efectos de la inflación en insumos clave como maquinaria, fertilizantes y combustibles.
«Esta reforma no es un capricho, es un piso mínimo de dignidad para el campo. Desde el PRI lo decimos fuerte y claro: defender al campo es defender a quienes alimentan a México y a nuestro Estado», aseveró Lety Mejía.
Certeza jurídica y tecnificación urgente
Mejía García lanzó un llamado a frenar la improvisación en las políticas públicas del sector primario. Señaló que el campesinado mexiquense requiere continuidad en los programas que han probado su eficacia, en lugar de enfrentar cancelaciones arbitrarias en cada cambio de administración.
«Ya basta de discursos bonitos para el campo si en los hechos no se ve el apoyo verdadero. El campesino necesita continuidad, certeza y reglas claras. ¡Tecnifiquemos el campo mexiquense de una vez por todas!», exclamó la legisladora.
Finalmente, la representante priista advirtió que la falta de tecnificación coloca a los productores locales en una posición vulnerable frente a los productos importados. Por ello, insistió en que consolidar un presupuesto creciente y protegido por ley es el único camino para dotar de competitividad, tecnología y justicia social al agro mexiquense.
