Ciudad de México.— La senadora de Morena con licencia, Julieta Ramírez, negó categóricamente haber negociado con autoridades de Estados Unidos un acuerdo de colaboración para proporcionar información a cambio de beneficios procesales, luego de un reporte difundido por N+ que la vincula con una presunta investigación del Departamento de Justicia estadounidense.
De acuerdo con el reporte periodístico, Ramírez habría tenido acercamientos con fiscales en San Diego y participado en conversaciones relacionadas con un eventual acuerdo de cooperación. La versión sostiene que las autoridades estadounidenses evaluarían la posibilidad de otorgarle beneficios a cambio de información.
La legisladora rechazó públicamente la información y calificó el señalamiento como una “farsa” y parte de una “guerra sucia” en su contra.
Ramírez también cuestionó la existencia del supuesto acuerdo y demandó que se presente el documento que demostraría que aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses. La senadora ha sostenido que no existe un documento firmado por ella que avale una negociación de ese tipo.
Hasta el momento, la controversia se mantiene en el terreno de las versiones contrapuestas: por un lado, el medio sostiene que tuvo acceso a información relacionada con un posible acuerdo; por otro, Ramírez niega haber negociado convertirse en testigo colaborador y exige que se muestre el supuesto documento con su firma.
El episodio ocurre en un momento de creciente competencia dentro de Morena por la candidatura al gobierno de Baja California para 2027.
Ramírez figura entre los perfiles que buscan encabezar la candidatura del partido en la entidad fronteriza, en una contienda interna en la que también aparece el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.
El proceso de selección adquiere relevancia nacional debido a que Baja California será uno de los estados que renovarán gubernatura en los comicios de 2027.
La propia Ramírez ha ubicado los señalamientos en el contexto de esta disputa política y ha acusado que la difusión de la información busca afectar sus aspiraciones.
Sin confirmación oficial del supuesto acuerdo
Hasta ahora, la información disponible públicamente no incluye una confirmación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la existencia de un acuerdo de colaboración firmado por Ramírez.
Por ello, el señalamiento debe presentarse como una versión periodística que la legisladora rechaza, y no como un hecho judicialmente acreditado.
El caso abre además un nuevo frente político en torno a la relación entre funcionarios mexicanos y autoridades estadounidenses, en un contexto marcado por investigaciones, solicitudes de cooperación y una creciente tensión entre ambos países.
