Redacción El Monitor
El número oficial de personas en situación de calle en la Ciudad de México se disparó en un año, pero especialistas advierten que incluso el nuevo conteo podría dejar fuera a miles. Detrás de las cifras hay pérdida de vivienda, precariedad laboral, ruptura de redes familiares, falta de documentos y barreras para acceder a salud y otros derechos.
Dormir en una banca, debajo de un puente, en la entrada de un comercio o dentro de un campamento improvisado no es el comienzo de una historia ni necesariamente su final. Para miles de personas, es el resultado visible de una cadena de pérdidas que puede incluir empleo, vivienda, vínculos familiares, documentos de identidad y acceso a servicios públicos.
En la Ciudad de México, el problema adquirió una nueva dimensión en los registros oficiales. El conteo realizado en 2023-2024 identificó a 1,124 personas en situación de calle. Para 2025, el nuevo censo registró 2,869 personas, un incremento de alrededor de 155 por ciento en el número contabilizado. El Congreso capitalino cita la cifra de 2,869 en su documentación legislativa.
El cambio no necesariamente significa que en un solo año se hayan sumado 1,745 personas a las calles. También revela algo menos visible: la forma de contar modifica lo que una ciudad cree que está viendo.
El censo de 2025 recorrió la capital durante cuatro jornadas, con la participación de 16 instituciones y más de 500 servidores públicos. La ciudad fue dividida en 196 polígonos para localizar a personas que pernoctaban en el espacio público. El propio gobierno capitalino informó que más de 60 por ciento de las personas localizadas se concentró en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.
La alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor proporción: 1,011 personas, 35 por ciento del total, de acuerdo con el registro más reciente de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social. Le siguen Iztacalco, con 479; Venustiano Carranza, con 336, y otras demarcaciones con cifras menores.
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El Universal
Una cifra que también habla de exclusión
La estadística anterior, la de 2023-2024, mostraba una población predominantemente masculina: 86 por ciento hombres y 14 por ciento mujeres. Casi nueve de cada diez personas contabilizadas tenían entre 18 y 60 años.
Pero el dato más revelador no está necesariamente en el sexo o la edad, sino en las condiciones que rodean la vida cotidiana.
El gobierno capitalino señaló tras el censo de 2025 que existía una necesidad urgente de que las personas en situación de calle contaran con documentos oficiales de identidad. La falta de actas, credencial, CURP u otros documentos puede convertirse en una barrera para realizar trámites, incorporarse a programas sociales, acceder a servicios y reconstruir una vida fuera de la calle.
Es decir: la calle no sólo significa carecer de un techo. Puede significar quedar atrapado fuera de buena parte de la infraestructura administrativa de la ciudad.
El problema empieza antes de la banqueta
No existe una sola causa que explique por qué una persona termina viviendo en el espacio público.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido que la manera de nombrar a las personas que viven en la calle también importa, porque términos como «indigente», «vagabundo» o «sin techo» pueden reproducir estigmas y afectar la manera en que son tratadas por instituciones y sociedad.
El problema debe leerse, por tanto, como una combinación de factores sociales y económicos: pérdida de vivienda, empleos precarios, ruptura de redes familiares y comunitarias, violencia, discriminación y dificultades para acceder a servicios.
Los datos generales de pobreza ayudan a dimensionar el contexto, aunque pobreza y situación de calle no son sinónimos. En 2022, 31.3 millones de personas que vivían en localidades urbanas estaban en situación de pobreza, equivalentes a 32.2 por ciento de la población urbana. Además, 6.4 millones de personas en esas localidades presentaban carencia por calidad y espacios de la vivienda.
La enorme mayoría de las personas pobres no vive en la calle. Pero estos datos muestran la magnitud del problema estructural de ingresos y vivienda que existe antes de llegar a una situación de exclusión extrema.
México tiene un problema de medición
A nivel nacional, uno de los principales obstáculos para dimensionar la población en situación de calle es precisamente la estadística.
El Censo de Población y Vivienda 2020 incluyó un operativo especial para enumerar a personas en situación de calle y también levantó información sobre alojamientos de asistencia social.
Sin embargo, los registros censales y los conteos locales no son equivalentes ni necesariamente capturan a todas las personas que viven en el espacio público.
El propio INEGI contabilizó en 2020 8,500 alojamientos de asistencia social en el país. De ellos, 129 eran albergues o dormitorios públicos destinados a personas en situación de calle.
La diferencia es importante: una persona puede no dormir en la calle todos los días, puede desplazarse entre distintos puntos, utilizar temporalmente un albergue o permanecer en espacios que no son detectados durante un operativo. Por eso, comparar directamente un conteo con otro puede producir la falsa impresión de que una población «apareció» o «desapareció».
En la Ciudad de México, incluso existen estimaciones que cuestionan la dimensión de los registros oficiales. Un documento legislativo que cita una investigación de 2025 señala que, mediante el análisis de registros de mortalidad y otras fuentes, se estimó que la población callejera podría superar las 10,400 personas, muy por encima de las 1,124 contabilizadas oficialmente en 2024. Esta cifra es una estimación de investigación, no un censo oficial, por lo que debe manejarse con cautela.
La brecha plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas personas necesitan atención pública pero no aparecen en las estadísticas?
La atención no termina en un albergue
La Ciudad de México cuenta con una red de Centros de Asistencia, Cuidado e Integración Social. En diciembre de 2025, el gobierno informó que sus diez CACIS atendían a 1,765 usuarios, con servicios de alojamiento, alimentación, atención médica básica, salud mental, rehabilitación y actividades de integración comunitaria.
Pero incluso con una red institucional, el albergue no puede considerarse una solución automática.
Hay personas que no quieren ingresar porque perciben los centros como espacios restrictivos, porque desean conservar sus pertenencias, porque han tenido experiencias negativas o porque prefieren mantener autonomía sobre sus horarios y movimientos. En testimonios recogidos en la capital, algunas personas han explicado que prefieren permanecer en la vía pública antes que sentirse encerradas en un albergue.
La política pública enfrenta así un dilema: proteger sin obligar, atender sin criminalizar y ofrecer alternativas sin reducir la autonomía de las personas.
El frío, el hambre y la enfermedad
La vida en la calle convierte necesidades básicas en riesgos cotidianos.
El frío no es solamente una incomodidad. Para alguien que duerme al aire libre, la temperatura nocturna puede significar una amenaza directa. Lo mismo ocurre con la exposición a lluvia, contaminación, accidentes viales, violencia y enfermedades.
La falta de domicilio estable también dificulta la continuidad de tratamientos médicos y el seguimiento de enfermedades. A ello se suma el estigma: una persona que duerme en la calle puede ser percibida primero como un problema de seguridad o de limpieza urbana y sólo después como alguien que requiere atención social y sanitaria.
En este punto, el debate público suele equivocarse de pregunta. No se trata únicamente de cómo retirar a una persona de una banqueta, sino de qué ocurrió antes para que esa banqueta se convirtiera en su lugar de residencia y qué condiciones necesita para dejar de serlo.
Una población que puede desaparecer dos veces
La invisibilidad tiene una segunda dimensión.
Una persona puede no aparecer en el padrón de una institución, no tener documentos, no contar con una vivienda registrada y cambiar constantemente de lugar. Si muere, la falta de identificación o de redes familiares puede complicar todavía más el registro de su historia.
Organizaciones y especialistas han advertido precisamente sobre la dificultad para conocer con precisión cuántas personas en situación de calle mueren y cuáles son las causas. Una investigación citada en documentos legislativos plantea que los registros de mortalidad pueden incluso superar a los conteos oficiales de población callejera.
Por eso, contar importa. Pero contar bien importa todavía más.
Más allá del número
El salto de 1,124 a 2,869 personas contabilizadas en la Ciudad de México no debería leerse únicamente como una gráfica ascendente. Es también una señal de que el fenómeno requiere mejores estadísticas, seguimiento individual, políticas de vivienda, atención de salud física y mental, recuperación de documentos, oportunidades laborales y reconstrucción de redes sociales.
La Constitución de la Ciudad de México reconoce derechos específicos para las personas en situación de calle, mientras que el Congreso capitalino ha planteado fortalecer su acceso a la salud física y mental mediante programas integrales y atención oportuna.
Y cuando ya están ahí, conseguir que el Estado no las vea únicamente cuando ocupan una banqueta, cuando llega el invierno o cuando un operativo las busca. Que aparezcan también en los presupuestos, en los servicios de salud, en las políticas de vivienda, en los registros civiles y, sobre todo, en las decisiones públicas que determinan quién puede vivir con dignidad en una ciudad.
Porque detrás de cada número hay una persona que, antes de convertirse en una cifra del conteo, tuvo un nombre, una historia, un trabajo, una familia o una vivienda. Y recuperar esa historia debería ser el primer paso para dejar de considerar la calle como su destino.
