(Agencias)
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta, hasta el momento, con elementos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustibles.
La aclaración de la Fiscalía ocurrió luego de que dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaran investigar al político, conocido como “Andy”, tras hacerse pública la revocación de su visa estadounidense.
La oposición sostuvo que la cancelación del documento migratorio podría estar relacionada con presuntos vínculos con el crimen organizado y con una red dedicada al llamado “huachicol fiscal”. El PAN también pidió a las autoridades revisar posibles vínculos financieros y políticos relacionados con esas acusaciones.
Sin embargo, la FGR rechazó las versiones sobre la existencia de testigos protegidos que hubieran señalado directamente a López Beltrán. La dependencia señaló que el Ministerio Público Federal no dispone de datos de prueba suficientes para iniciar una indagatoria en su contra por delitos en materia de hidrocarburos.
El caso cobró relevancia después de que López Beltrán diera a conocer la revocación de su visa estadounidense. En una carta dirigida al presidente Donald Trump, el hijo del exmandatario calificó la decisión como una medida de carácter político y cuestionó las razones detrás de la determinación.
López Beltrán fue dirigente de Morena y actualmente mantiene aspiraciones políticas con miras a las elecciones federales de 2027. La cancelación de su visa forma parte de una serie de medidas adoptadas por Estados Unidos contra políticos mexicanos, en un contexto de creciente presión bilateral relacionada con seguridad y crimen organizado.
Hasta el momento, las acusaciones formuladas por dirigentes del PAN contra López Beltrán no han derivado en una investigación penal formal anunciada por la FGR. Por ello, los señalamientos sobre su presunta participación en actividades ilícitas deben considerarse acusaciones políticas no acreditadas judicialmente.
