Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa promovida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que busca reestructurar el marco regulatorio en materia de desarrollo urbano, simplificar trámites administrativos y dar certeza jurídica a los procesos de ordenamiento territorial en la entidad. La propuesta, presentada ante la Diputación Permanente por el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena), plantea reformas sustanciales al Código Administrativo estatal, a la Ley de la Comisión de Impacto Estatal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
El proyecto legislativo responde a la necesidad de armonizar la legislación vigente tras la reorganización administrativa de septiembre de 2023, en la que la antigua Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra se transformó en la actual Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, desincorporando además a la Comisión del Agua para integrarla a la nueva Secretaría del Agua. Esta reestructuración exige actualizar las atribuciones operativas de las dependencias e instituir un marco coherente con los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029.
Entre las modificaciones más destacadas, la iniciativa elimina la ejecución de obra pública como un mecanismo para dar cumplimiento a obligaciones urbanísticas, al argumentar que dicho esquema resulta incompatible con el marco legal aplicable y cuenta con su propia normatividad. Asimismo, en sintonía con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial publicada en mayo de 2024, se plantea adecuar el trámite de la Evaluación de Impacto Estatal para homologar las evaluaciones técnicas a cargo de la Secretaría de Movilidad y evitar inconsistencias normativas.
Un punto central de la propuesta radica en la regulación de trámites clave sobre uso de suelo, subdivisiones y condominios. La reforma enfatiza que autorizaciones como la Evaluación de Impacto Estatal y las licencias subsecuentes deben otorgarse sobre la totalidad del predio y no por fracciones. Esto busca garantizar una correcta aplicación de los coeficientes de ocupación y utilización del suelo, evitando distorsiones en la planificación e impidiendo que las subdivisiones afecten el cálculo de la densidad e impacto urbano.
Para robustecer la interpretación técnica de la ley, el proyecto incorpora por primera vez definiciones operativas precisas, tales como Área Privativa, Área Vendible o Enajenable, Caminos Vecinales, Licencia de Uso de Suelo, Vacío Urbano y Vía Pública. Estas precisiones conceptuales buscan eliminar lagunas legales en las ventanillas de trámite, delimitando con claridad los derechos de propiedad, las obligaciones edilicias y la responsabilidad municipal en la red de caminos locales.
Destaca además la introducción de la figura de Vivienda Intraurbana, orientada a incentivar el desarrollo habitacional en predios subutilizados, baldíos o zonas deterioradas dentro de las áreas urbanas consolidadas. Con esta medida se pretende frenar la expansión periférica desordenada, aprovechar la infraestructura básica existente —como redes de agua, electrificación y drenaje— y transitar hacia un modelo de ciudades más compactas, eficientes y sostenibles.
Con este paquete de reformas, el Ejecutivo estatal busca consolidar a la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura como el eje rector del crecimiento metropolitano y la obra pública en la entidad. La iniciativa continuará su proceso legislativo en comisiones para su dictaminación, evaluación y posterior discusión en el pleno de la LXII Legislatura mexiquense.
