La suspensión de líneas telefónicas coloca al gobierno ante un problema político que va más allá de un trámite administrativo: millones de usuarios pueden percibir la medida como una afectación directa a un servicio indispensable
Redacción El Monitor
Ciudad de México.– El registro obligatorio de líneas telefónicas comienza a dejar de ser un asunto exclusivamente administrativo para convertirse en un potencial problema político para el gobierno y para Morena.
La primera fecha crítica llegó el 15 de agosto, cuando venció el plazo para vincular las líneas cuyo número termina en 0. Las compañías telefónicas comenzaron el proceso de suspensión de las líneas que no fueron registradas, aunque la autoridad aclaró que el número no se pierde y que el servicio puede recuperarse una vez realizado el trámite.
El problema político está en otro punto: el teléfono celular dejó de ser un lujo y se convirtió en una herramienta básica para la vida cotidiana.
Un servicio que alcanza a 103 millones de personas
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dimensionan el alcance de cualquier decisión que afecte la telefonía móvil.
En 2025, 103.2 millones de personas de seis años o más utilizaron teléfono celular en México, equivalentes al 84.6% de la población en ese rango de edad. La cifra aumentó respecto de los 98.6 millones registrados en 2024.
Además, entre los usuarios de celular, 79.3% utiliza exclusivamente un esquema de prepago, mientras que 15.7% tiene un contrato de pospago y 0.6% utiliza ambos.
Esto resulta relevante porque la medida no impacta únicamente a quienes tienen contratos empresariales o planes de alto consumo. Una proporción importante de los usuarios utiliza esquemas de prepago, por lo que el celular forma parte de la economía cotidiana de millones de familias.
Cuando una línea queda suspendida, no solamente desaparecen las llamadas. También pueden quedar afectados los mensajes y los datos móviles, servicios utilizados para trabajar, estudiar, realizar operaciones bancarias, solicitar transporte, comunicarse con familiares o acceder a servicios públicos.
La dimensión política de un trámite
La autoridad sostiene que la vinculación busca combatir el uso anónimo e ilícito de líneas telefónicas y reducir delitos como la extorsión. La CRT también ha señalado que las líneas suspendidas pueden recuperarse mediante el registro correspondiente.
El argumento de seguridad pública tiene peso. Sin embargo, una política pública puede tener una finalidad legítima y, al mismo tiempo, generar rechazo social por la manera en que se aplica.
Ahí aparece el riesgo para Morena.
La inconformidad puede surgir no necesariamente porque los ciudadanos estén en contra de combatir la extorsión, sino porque pueden interpretar que el gobierno les impone una nueva obligación y condiciona un servicio esencial a la entrega de información personal.
El costo político aumenta cuando el ciudadano experimenta directamente la consecuencia de la política: un teléfono que deja de funcionar.
Pero los datos no permiten hablar todavía de un voto de castigo
Sería prematuro afirmar que quienes resulten afectados por la suspensión automáticamente dejarán de votar por Morena.
Las encuestas disponibles muestran que el partido conserva una ventaja importante rumbo a 2027. La encuesta nacional de Buendía & Márquez, actualizada en julio de 2026, registra 39% de intención de voto para Morena en una elección hipotética de diputados federales. PAN, PRI y MC aparecen con 11%, 10% y 9%, respectivamente, mientras 22% no declara preferencia.
Es decir, hoy no existe evidencia para sostener que la suspensión de líneas haya provocado un desplome electoral de Morena.
Lo que sí existe es un escenario potencial de desgaste.
En política, las molestias acumuladas pueden terminar siendo más importantes que una sola medida. El registro telefónico puede sumarse a otros asuntos que ya forman parte de la conversación pública y convertirse en un elemento más de evaluación del desempeño gubernamental.
El verdadero desafío para el gobierno no es únicamente lograr que los usuarios registren sus teléfonos. Es convencerlos de que entregar sus datos personales es necesario, seguro y efectivo.
La preocupación no es menor en un país donde el celular es utilizado masivamente. De acuerdo con el INEGI, 84.6% de las personas de seis años o más utiliza teléfono celular.
Por ello, la autoridad necesita responder preguntas que van más allá de la fecha límite: ¿qué información se almacena?, ¿quién puede consultarla?, ¿cómo se protege?, ¿cuánto tiempo se conserva?, ¿qué ocurre ante una filtración?, ¿qué resultados concretos tendrá el registro en el combate a la extorsión?
Sin respuestas convincentes, el ciudadano puede percibir la medida no como una herramienta contra el crimen, sino como una carga adicional.
El escenario más razonable no es afirmar que “la ciudadanía ya decidió no votar por Morena”. Los datos disponibles no sostienen esa conclusión.
La hipótesis políticamente relevante es distinta: el registro obligatorio puede convertirse en un nuevo factor de inconformidad que, dependiendo de su aplicación y de los resultados que produzca, influya en la percepción de los ciudadanos rumbo a 2027.
El próximo reto será mayor porque el calendario continúa. Después de los números terminados en 0, las fechas se extienden progresivamente al resto de las terminaciones. La propia autoridad ha indicado que el proceso continúa y que las líneas pueden vincularse antes de la fecha correspondiente para evitar interrupciones.
Así, el gobierno todavía tiene margen para corregir la percepción pública: facilitar el trámite, garantizar la protección de los datos, explicar con claridad los beneficios y demostrar resultados contra la delincuencia.
Porque si el ciudadano entrega sus datos, cumple con el requisito y, al mismo tiempo, sigue padeciendo extorsiones y fraudes, la pregunta inevitable será si todo el esfuerzo valió la pena.
El voto de castigo todavía no puede darse por hecho. Pero la inconformidad sí puede convertirse en un problema político si el gobierno no consigue transformar una obligación impopular en una política pública que la ciudadanía perciba como útil, segura y necesaria.
