La presentación de nombres de periodistas y medios dentro de un análisis sobre redes sociales abrió un debate que va más allá de la existencia o no de una “lista negra”: el verdadero problema es hasta dónde puede llegar el poder público al monitorear, clasificar y exhibir a quienes ejercen la libertad de expresión
(Agencias)
Ciudad de México.- La polémica alrededor del análisis presentado por el Gobierno federal sobre la conversación digital y la presunta amplificación artificial de contenidos ha colocado nuevamente en el centro del debate la relación entre poder público, medios de comunicación y libertad de expresión.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, rechazó que exista una “lista negra” de periodistas y sostuvo que el ejercicio presentado no pretendía clasificar a comunicadores por su posición política, sino explicar mecanismos de amplificación de contenidos en redes sociales.
Sin embargo, la discusión no desaparece con cambiarle el nombre al ejercicio.
El punto crítico está en qué criterios se utilizaron para seleccionar a periodistas y medios, con qué metodología fueron incorporados al análisis y qué finalidad tiene para una institución pública identificar públicamente a determinados comunicadores dentro de un mapa de influencia digital.
¿Analizar redes o exhibir periodistas?
En una democracia, las instituciones tienen derecho —e incluso necesitan— conocer cómo circula la información en internet, particularmente cuando existen campañas coordinadas, cuentas automatizadas, desinformación o manipulación de tendencias.
El problema aparece cuando ese monitoreo institucional termina mezclando en una misma narrativa a periodistas, medios, actores políticos, cuentas anónimas y presuntas redes de bots, sin explicar con absoluta claridad qué relación existe entre ellos.
Publicar el nombre de un periodista dentro de un análisis gubernamental puede tener consecuencias distintas a las de mencionar una cuenta anónima o un comportamiento automatizado. Un comunicador puede publicar una crítica al Gobierno, coincidir ocasionalmente con determinada tendencia o generar una publicación que alcance miles de interacciones sin que ello signifique que forma parte de una operación coordinada.
Confundir coincidencia de contenido con coordinación puede convertir una herramienta de análisis digital en un mecanismo de estigmatización.
El problema de la asimetría de poder
La discusión adquiere otra dimensión porque no se trata de una disputa entre particulares.
Cuando un ciudadano cuestiona a un periodista, existe una relación determinada. Pero cuando desde una institución pública se identifica y expone a un comunicador, existe una asimetría de poder que no puede ignorarse.
El Gobierno cuenta con recursos institucionales, capacidad de comunicación y acceso a información que un periodista individual no necesariamente posee. Por ello, cualquier ejercicio de monitoreo debe sujetarse a criterios claros, verificables y transparentes.
La pregunta fundamental no debería ser únicamente “¿existe una lista negra?”, sino:
¿Qué información está recopilando el Gobierno sobre periodistas? ¿Cómo la obtiene? ¿Cómo determina que existe una operación coordinada? ¿Qué mecanismos de verificación utiliza? ¿Quién supervisa ese análisis?
Mientras esas preguntas no tengan respuestas suficientemente claras, la desconfianza continuará.
Libertad de expresión bajo escrutinio
El episodio también recuerda que la libertad de expresión no consiste solamente en permitir que un periodista publique una crítica.
También implica garantizar que esa crítica no genere represalias, intimidación, vigilancia indebida o señalamiento desde las estructuras del poder.
Un periodista no debería tener que preguntarse si una investigación gubernamental sobre redes sociales lo colocará en una categoría determinada simplemente por publicar información incómoda o cuestionar a una autoridad.
Al mismo tiempo, esto no significa que los periodistas o medios estén exentos de escrutinio. Los medios deben responder por sus contenidos y corregir información falsa cuando corresponda. Pero el debate público y la crítica periodística deben desarrollarse mediante argumentos, evidencia y derecho de réplica, no mediante la construcción de etiquetas que puedan desacreditar a comunicadores sin demostrar una conducta ilícita o una coordinación indebida.
La transparencia debe ser la respuesta
Si el Gobierno sostiene que el ejercicio fue exclusivamente técnico, la mejor manera de disipar dudas sería hacer pública la metodología.
Sería necesario conocer qué variables fueron utilizadas, cuáles fueron las fuentes de información, cómo se identificaron las cuentas automatizadas, qué diferencia se estableció entre periodistas y operadores digitales, cuáles fueron los criterios para incorporar nombres y qué mecanismos existen para corregir errores.
La transparencia permitiría distinguir entre un verdadero estudio sobre manipulación digital y una clasificación política de voces críticas.
Porque una cosa es investigar cómo funciona una red de bots y otra muy distinta es colocar a periodistas dentro de un esquema cuya interpretación pueda asociarlos, sin pruebas suficientes, con una operación de manipulación.
El precedente que debe preocupar
El verdadero riesgo de este episodio no está únicamente en los nombres que aparecieron en una presentación.
Está en el precedente.
Si una administración puede identificar públicamente a periodistas críticos bajo el argumento de analizar el comportamiento de las redes sociales, mañana otra administración podría utilizar una herramienta similar contra periodistas de una orientación política distinta.
Por eso, las reglas deben ser iguales para todos los gobiernos, todos los medios y todas las voces.
La libertad de expresión no debería depender de quién ocupa Palacio Nacional ni de si el periodista coincide o discrepa con el Gobierno en turno.
Una democracia necesita periodistas incómodos
La discusión debería servir para establecer límites claros.
El Estado puede combatir campañas coordinadas de desinformación, redes de bots y operaciones destinadas a manipular artificialmente la conversación pública. Pero debe hacerlo con evidencia, metodología transparente y respeto irrestricto a la libertad de expresión.
Los periodistas, por su parte, deben estar sujetos al escrutinio público y profesional, pero no deberían convertirse en objetivos de señalamiento institucional simplemente por ejercer una función crítica.
El debate de fondo, entonces, no es semántico. No se trata de determinar si un documento se llama “lista negra”, “mapa digital”, “análisis de redes” o “monitoreo de conversación”.
La pregunta verdaderamente importante es si el poder público está utilizando herramientas de inteligencia y monitoreo digital para comprender fenómenos de manipulación informativa o si, consciente o inconscientemente, está construyendo mecanismos que pueden terminar intimidando a quienes tienen la obligación de cuestionarlo.
En una democracia saludable, el Gobierno debe soportar la crítica sin convertir al crítico en sospechoso.
Y cuando una autoridad identifica públicamente a periodistas, la carga de explicar con precisión por qué fueron incluidos, qué evidencia existe y qué relación —si alguna— tienen con las operaciones que se investigan debe recaer sobre la propia autoridad.
Porque la libertad de prensa no se defiende únicamente evitando censuras. También se defiende evitando que el poder utilice su capacidad institucional para señalar, etiquetar o estigmatizar a quienes ejercen el periodismo.
