Claudia Zavala Martínez
Estado de México.- Largas filas, requisitos excesivos, vueltas de una ventanilla a otra, información poco clara y, en los casos más graves, actos de corrupción, forman parte de las experiencias que enfrenta una parte de la ciudadanía al realizar trámites y solicitar servicios públicos en el Estado de México. Los datos oficiales muestran que el problema no es una percepción aislada: la entidad registra niveles de corrupción superiores al promedio nacional.
La relación entre ciudadanos y gobierno comienza muchas veces en una ventanilla. Obtener una licencia, realizar un trámite vehicular, solicitar un permiso, regularizar una propiedad, pagar impuestos o gestionar un servicio público debería ser un proceso sencillo, transparente y predecible.
Sin embargo, para miles de mexiquenses, el trámite puede convertirse en una cadena de obstáculos.
Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el INEGI, muestran que 44.8% de los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos realizados en el Estado de México presentó algún tipo de problema. El principal obstáculo fueron las llamadas “barreras al trámite”, presentes en 81.5% de los casos que enfrentaron problemas. Estas barreras incluyen largas filas, pasar de una ventanilla a otra, acudir a lugares lejanos, requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos.
La burocracia tiene rostro y costo
El dato permite dimensionar el problema: prácticamente uno de cada dos trámites realizados en la entidad tuvo algún tipo de dificultad.
La burocracia no siempre significa corrupción. Un trámite puede ser lento o complicado sin que exista un pago ilegal. Pero cuando los procedimientos son poco claros, existe discrecionalidad o el ciudadano desconoce exactamente qué requisitos debe cumplir, aumenta la posibilidad de que aparezcan prácticas indebidas.
En el Estado de México, 60% de los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos se realizaron directamente en instalaciones de gobierno durante 2025, mientras que sólo 18.6% se efectuó mediante internet.
Esto significa que una parte importante de la población todavía depende de acudir físicamente a oficinas públicas, con los costos de traslado, tiempo de espera y posibles vueltas adicionales que ello implica.
El problema no termina con llegar a la ventanilla
De acuerdo con el INEGI, sólo 75.7% de los trámites, pagos o solicitudes realizados personalmente tuvo usuarios satisfechos con el tiempo destinado. El promedio nacional fue de 80.3%.
La diferencia parece pequeña, pero revela una brecha de servicio: aproximadamente uno de cada cuatro usuarios mexiquenses no quedó satisfecho con el tiempo que tuvo que invertir en realizar personalmente su trámite.
La situación también se refleja en el trato recibido. En el Estado de México, 75% de los usuarios manifestó estar satisfecho con el trato recibido, frente a 79.1% a nivel nacional.
En otras palabras, la entidad se encuentra por debajo del promedio nacional tanto en satisfacción con el tiempo como en satisfacción con el trato.
Corrupción: el segundo gran problema para los mexiquenses
La burocracia adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se cruza con la corrupción.
En 2025, 61.5% de la población de 18 años y más del Estado de México identificó a la corrupción como uno de los principales problemas de la entidad, sólo por debajo de inseguridad y delincuencia, que alcanzó 77.9%.
Pero la percepción no se queda solamente en una opinión.
87.5% de los mexiquenses consideró que los actos de corrupción en la entidad son muy frecuentes o frecuentes, porcentaje superior al 84.1% nacional.
La cifra revela un problema de confianza: para una gran mayoría de ciudadanos, la corrupción no es un fenómeno excepcional, sino una práctica que perciben como frecuente dentro de la entidad.
Casi 18 mil víctimas por cada 100 mil habitantes
El indicador más contundente es la experiencia directa.
En el Estado de México, la tasa de prevalencia de corrupción fue de 17 mil 899 víctimas por cada 100 mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos. A nivel nacional fue de 15 mil 642 por cada 100 mil.
Esto significa que la tasa mexiquense se ubicó por encima de la nacional.
Todavía más significativo es el indicador de incidencia: la entidad registró 30 mil 086 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, frente a 27 mil 438 a nivel nacional.
La diferencia deja claro que el problema no solamente está en cuántas personas enfrentan corrupción, sino también en la cantidad de actos que pueden experimentar quienes tienen contacto con autoridades.
¿En qué trámites aparece más la corrupción?
Los datos nacionales de la ENCIG 2025 permiten identificar los procedimientos donde existe mayor incidencia de experiencias de corrupción.
El contacto con autoridades de seguridad pública registró el porcentaje más alto, con 63.5% de usuarios que reportaron incidentes de corrupción. Le siguieron los permisos relacionados con la propiedad, con 32%, y otros pagos, trámites o solicitudes, con 22.3%. Los trámites ante el Ministerio Público o fiscalía estatal alcanzaron 20.7%, mientras que los trámites municipales llegaron a 17.3%.
Los trámites municipales son particularmente importantes para la ciudadanía porque abarcan procedimientos como permisos para vender en la vía pública, conexión o regulación del agua potable y drenaje, entre otros.
El trámite municipal, una puerta de entrada al gobierno
La relación cotidiana entre ciudadanía y autoridades ocurre principalmente en los gobiernos locales.
Ahí se realizan trámites relacionados con permisos, licencias, predial, agua, drenaje, construcción, comercio, servicios municipales y funcionamiento de establecimientos.
Por ello, simplificar los procedimientos municipales puede tener un efecto directo en la percepción ciudadana.
Si una persona sabe exactamente qué documentos necesita, cuánto debe pagar, dónde debe acudir y cuánto tiempo debe esperar, disminuye el margen para la discrecionalidad.
El problema aparece cuando el ciudadano recibe información diferente dependiendo de la ventanilla, cuando se agregan requisitos que no estaban contemplados o cuando el procedimiento obliga a regresar varias veces.
La digitalización todavía tiene camino por recorrer
La tecnología puede convertirse en una herramienta para reducir tiempos y limitar espacios de discrecionalidad.
En 2025, 58.4% de los mexiquenses de 18 años y más tuvo al menos una interacción con el gobierno mediante medios electrónicos. Además, 39.4% llenó y envió en línea algún formato o solicitud para iniciar, continuar o concluir un trámite.
Pero el hecho de que exista interacción digital no significa que todos los trámites estén completamente digitalizados.
Mientras 60% de los trámites todavía se realizó en instalaciones gubernamentales, sólo 18.6% utilizó internet como medio para efectuarlos.
La transición digital puede ayudar a reducir filas y traslados, pero para que realmente funcione debe garantizar plataformas estables, información actualizada, pagos seguros, seguimiento del expediente y respuestas verificables.
Un problema que también afecta la confianza
La corrupción y la burocracia tienen una consecuencia que va más allá del tiempo perdido o del dinero que pudiera costar un trámite: erosionan la confianza en las instituciones.
Cuando un ciudadano percibe que cumplir con los requisitos no es suficiente o que el resultado depende de contactos, pagos indebidos o decisiones discrecionales, disminuye la credibilidad de las instituciones.
En el Estado de México, solamente 34.2% de la población de 18 años y más manifestó un nivel alto de satisfacción con los servicios públicos proporcionados por su entidad federativa.
Aunque satisfacción y corrupción son indicadores diferentes, juntos permiten observar una relación problemática: existe una percepción elevada de corrupción y, al mismo tiempo, una satisfacción relativamente baja con los servicios públicos estatales.
La solución no es sólo castigar: también hay que simplificar
Combatir la corrupción requiere sancionar los actos ilegales, pero también eliminar las condiciones que permiten que ocurran.
Un sistema burocrático con demasiados pasos, requisitos innecesarios, procesos presenciales y poca información puede generar oportunidades para prácticas discrecionales.
Por ello, una política anticorrupción efectiva debería incluir:
Reducir requisitos y pasos innecesarios.
Publicar claramente costos, documentos y tiempos de respuesta.
Digitalizar trámites de principio a fin.
Implementar sistemas de seguimiento para que el ciudadano conozca el estado de su solicitud.
Eliminar pagos en efectivo cuando no sean indispensables.
Fortalecer los mecanismos de denuncia y protección al ciudadano.
Aplicar sanciones cuando se comprueben actos de corrupción.
Medir públicamente los tiempos de atención de cada dependencia.
Evitar que un ciudadano tenga que acudir varias veces para resolver un mismo trámite.
El reto: que hacer un trámite no se convierta en un problema
Los números de la ENCIG 2025 dejan una conclusión difícil de ignorar: en el Estado de México, 44.8% de los pagos, trámites y solicitudes enfrentó algún problema, 87.5% de la población considera frecuentes los actos de corrupción y la tasa de prevalencia de corrupción llegó a 17 mil 899 víctimas por cada 100 mil habitantes.
El desafío para las autoridades no consiste únicamente en combatir al funcionario que incurre en una conducta ilegal. También consiste en construir una administración pública donde el ciudadano no necesite conocer a alguien, pagar de más, hacer varias visitas o perder horas para obtener un servicio al que tiene derecho.
La verdadera modernización gubernamental se mide en algo muy sencillo: que un trámite pueda realizarse de manera rápida, clara, transparente y sin intermediarios.
Mientras eso no ocurra, la burocracia seguirá siendo para muchos mexiquenses algo más que un procedimiento administrativo: será una barrera cotidiana entre la ciudadanía y el gobierno.
