(Agencias)
Washington.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos demandaron al gobierno del presidente Donald Trump por las sanciones impuestas contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que estas medidas representan un abuso de poder y afectan el trabajo de la justicia internacional.
Las sanciones incluyen la prohibición de entrada a Estados Unidos y el congelamiento de activos de funcionarios de la CPI. Hasta julio de 2026, el gobierno estadounidense había sancionado al fiscal de la Corte, a dos fiscales adjuntos y a ocho jueces.
El conflicto entre Washington y la CPI aumentó después de que el tribunal emitiera en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros funcionarios, por presuntos crímenes relacionados con la guerra en Gaza. Estados Unidos ha rechazado la jurisdicción de la Corte sobre ciudadanos estadounidenses y ha acusado al organismo de actuar contra la soberanía del país.
Las organizaciones demandantes sostienen que las sanciones también pueden afectar a grupos y personas que colaboran con investigaciones de derechos humanos. Argumentan que las medidas violan derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos, como la libertad de expresión y de asociación.
El gobierno de Trump defiende las sanciones y afirma que la CPI no tiene autoridad para investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento de Estados Unidos.
La demanda representa un nuevo enfrentamiento entre el gobierno estadounidense y la CPI y podría poner a prueba los límites del poder presidencial para imponer sanciones contra instituciones y funcionarios internacionales.
