Redacción El Monitor
En un desarrollo de alto impacto que estremece los cimientos de la política mexicana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Ernesto Ruffo Appel, histórico exgobernador de Baja California (1989-1995) y primer mandatario estatal emanado de un partido de oposición (PAN).
La captura se deriva de una prolongada investigación por presunto “huachicol fiscal”, es decir, contrabando y comercialización irregular de combustibles.
Según fuentes federales, la operación se basa en evidencias vinculadas a Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que Ruffo es socio mayoritario. La compañía fue señalada tras el megadecomiso de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila (julio 2025), uno de los mayores en años recientes, donde se aseguraron 129 ferrotanques con irregularidades en documentación aduanera.
El caso, que involucra a más de 200 personas entre empresarios, agentes aduanales y funcionarios, expone presuntas redes de importación fraudulenta de gasolina y diésel desde Estados Unidos. Ruffo había comparecido en noviembre 2025 ante la FGR como testigo, atribuyendo el origen del problema a fallas en las aduanas y negando cualquier responsabilidad penal. “El fenómeno nace en la aduana”, declaró entonces, pese a problemas de movilidad por una cirugía de cadera.
La detención genera polarización. Sectores del PAN en Baja California exigen transparencia y denuncian posible uso político, mientras Morena y la gobernadora Marina del Pilar Ávila celebran el avance en la lucha anticorrupción impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Analistas destacan el simbolismo: un ícono de la alternancia democrática ahora enfrenta graves acusaciones.
Ruffo, de 72 años, también exalcalde de Ensenada y exsenador, defendió en su momento la legalidad de Ingemar, argumentando que su rol se limitaba a permisos de importación autorizados por la CRE y que las decisiones eran por mayoría de socios. Hasta ahora, no se han revelado montos exactos ni nombres de otros implicados de alto perfil.
Este golpe al huachicol fiscal refuerza el compromiso federal contra un delito que drena recursos públicos y alimenta violencia. Las autoridades prometen más acciones.
