Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. La titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Liliana Dávalos Ham, confirmó que el organismo ya radicó formalmente la denuncia remitida por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en contra de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles.
Tras precisar que el expediente fue recibido el pasado miércoles 17 de junio, la auditora superior adelantó que la Unidad de Investigación del OSFEM ya trazó las primeras líneas de acción legal. Estimó que en un plazo aproximado de 15 días se podrá ofrecer un balance inicial sobre el estatus de la indagatoria, cuidando en todo momento las reservas del debido proceso.
«Ya la radicamos; es una denuncia y estamos haciendo la revisión del expediente para poder emitir lo que continúa dentro del procedimiento. El titular de la Unidad de Investigación ya emitió unas líneas que, por el debido proceso, no les pudiera compartir (…), pero yo creo que en unos 15 días les estaremos informando cómo vamos», detalló Dávalos Ham.
Tenancingo, bajo doble lupa: denuncia y auditoría de legalidad
La funcionaria estatal aclaró que la situación de Tenancingo se atiende bajo dos vertientes jurídicas totalmente independientes: por un lado, el cauce de la denuncia penal derivada de la vista de la Fiscalía; por el otro, la ejecución de una auditoría de legalidad previamente calendarizada en el Programa Anual de Auditorías (PAA), publicado el pasado 4 de febrero.
Los resultados finales de esta y todas las inspecciones anuales de la entidad se consolidarán en el Informe de Resultados, el cual se entregará formalmente a los ciudadanos y a los diputados de la Legislatura local a más tardar el 15 de noviembre de este año, debido a las restricciones de secrecía que marca la ley.
Así funciona la Auditoría de Legalidad y la ruta de sanciones
Al ser cuestionada sobre el diseño técnico y los alcances de una auditoría de legalidad, la titular del OSFEM explicó que su principal objetivo es verificar que la actuación y procesos de los entes fiscalizables se apeguen estrictamente a la normatividad, evitando deficiencias que deriven en observaciones o pliegos de cargo.
Respecto a la auditoría del PAA, que corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2025, Dávalos Ham señaló que la presidenta municipal es la responsable directa del proceso ante el órgano fiscalizador, aunque el ayuntamiento ya designó a un enlace formal para el desahogo de los requerimientos. Hasta el momento, la entrega de documentación mediante oficios se ha desarrollado de manera regular y con apertura por parte del municipio.
El procedimiento se rige de manera estricta por los plazos de la Ley de Fiscalización local y se divide en las siguientes etapas consecutivas de solventación e investigación:
Resultados Preliminares: Tras las etapas de preparación y ejecución, el OSFEM notifica las observaciones detectadas. Las entidades disponen de un plazo perentorio de 5 días hábiles para entregar documentación aclaratoria adicional.
Unidad de Seguimiento: Aquellas inconsistencias que no queden solventadas en la primera fase se turnan a esta área, otorgando a los ayuntamientos un periodo de 30 días para presentar pruebas de descargo.
Unidad de Investigación: Si las observaciones subsisten, el expediente pasa a investigación formal para integrar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).
Finalmente, Dávalos Ham enfatizó que, en caso de acreditarse faltas de carácter grave o anomalías fuera del ámbito administrativo, el OSFEM dará vista inmediata a la Fiscalía del Estado. Para las faltas administrativas graves, el informe es remitido de manera directa al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), instancia encargada de dictaminar las sanciones correspondientes.
