(Agencias)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver una de las controversias corporativas más relevantes y complejas, con alcances a nivel nacional e internacional. Se trata del caso Google vs Ulrich Richter, un litigio que —dependiendo el sentido del fallo— podría abrir la puerta a que empresas privadas tengan el poder de censurar contenidos en internet, lo que representaría una amenaza a la libertad de expresión, según advierten especialistas.
La condena civil impuesta a Google Inc. por juzgados y tribunales mexicanos, que obliga a la empresa tecnológica a pagar daños al abogado Ulrich Richter por 5 mil millones de pesos, ha encendido las alarmas también a nivel internacional, no solo por el impacto monetario que conlleva, sino por los precedentes que podría sentar más allá de nuestro país.
Fuentes de la SCJN confirmaron que el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, está por presentar a sus compañeras y compañeros un proyecto de sentencia que proponer una salida a este caso, que ha dejado de ser una disputa por daño moral para convertirse en un debate amplio sobre quién controla lo que leemos en internet.
Ante la profundidad del asunto que está por resolverse, organizaciones sociales y especialistas en derecho y libertad de expresión han presentado diversos recursos como amicus curiae (amigos de la Corte) ante el máximo tribunal del país para advertir que, hasta ahora, los fallos en tribunales y juzgados relacionados con el caso no sólo han ignorado cómo funciona la “red”, sino que además han delegado “funciones de juez” en corporaciones privadas, creando herramientas para que figuras de poder puedan borrar información incómoda bajo el disfraz de la “protección al honor”.
El origen del conflicto fue la creación en 2014 de un blog en la plataforma Blogger —propiedad de Google— titulado “Ulrich Richter Morales y sus chingaderas a la patria“, en el cual se vincula al abogado junto a su esposa, sin presentar ninguna prueba, con delitos como narcotráfico, lavado de dinero y falsificación de documentos. .
Un año después, Ulrich Richter solicitó directamente a Google la eliminación de dicho sitio y ante la falta de respuesta, demandó a la empresa. Durante el proceso, juzgados y tribunales mexicanos condenaron a Google por no retirar el contenido, incluso cuando no existía una orden judicial de por medio que declarara la ilegalidad del sitio. Esto preocupó a defensores de la libertad de expresión que advirtieron que se estaba sentando un grave precedente.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford y la organización Artículo 19 advirtieron en un documento enviado a la Corte que una sentencia en ese sentido tendría el efecto de “otorgar a empresas privadas como Google la autoridad de censurar contenidos en línea, sin las debidas garantías de debido proceso, transparencia y rendición de cuentas”.
