Seguridad fallida: violencia e impunidad marcan a México

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Redacción El Monitor

Ciudad de México. En México, la seguridad pública no solo sigue siendo una deuda histórica: se ha convertido en un síntoma de la incapacidad del Estado para garantizar lo más básico. Años de estrategias fallidas, cambios de discurso y promesas incumplidas han dejado un saldo que combina violencia persistente, impunidad estructural y una ciudadanía que aprende a convivir con el miedo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por una narrativa distinta —“abrazos, no balazos”— que, lejos de traducirse en una pacificación sostenida, ha sido señalada por críticos como una política que evita confrontar de fondo a las organizaciones criminales. Mientras tanto, amplias regiones del país permanecen bajo el control de grupos delictivos que imponen reglas, cobran extorsiones y disputan territorios con altos niveles de violencia.

La militarización, lejos de desaparecer, se ha profundizado. La Guardia Nacional terminó bajo control de las Fuerzas Armadas, consolidando un modelo que gobiernos anteriores ya habían impulsado sin resultados contundentes. La diferencia es que ahora esta estrategia convive con un discurso que niega su propia lógica, generando una política de seguridad contradictoria y opaca.

Las cifras son el reflejo más crudo: homicidios que se mantienen en niveles elevados, desapariciones en aumento y una impunidad que en muchos casos supera el 90%. Detrás de cada número hay una constante: la ausencia de justicia. Investigar, procesar y sancionar delitos sigue siendo la excepción, no la regla.

Pero quizá el dato más preocupante no está en las estadísticas, sino en la normalización. En México, la violencia ha dejado de ser un hecho extraordinario para convertirse en parte del paisaje cotidiano. Masacres, hallazgos de fosas clandestinas y ataques armados ya no sorprenden: se asimilan.

El problema no es solo la estrategia actual, sino la falta de un rumbo claro. Sin instituciones sólidas, sin coordinación efectiva y sin voluntad política para enfrentar las redes de corrupción que sostienen al crimen, cualquier política de seguridad está condenada a repetir el ciclo.

Hoy, la pregunta ya no es cuándo mejorará la seguridad en México, sino cuánto tiempo más puede sostenerse un país donde la violencia no se resuelve, solo se administra.