Operativos contra "anexos" en Edomex desatan inconformidad: denuncian abusos y afectaciones a centros que sí cumplen

La reciente intervención de la Fiscalía estatal en Operativos contra anexos en Edomex desatan inconformidad: denuncian abusos y afectaciones a centros que aseguran que sí cumplen.

Redacción El Monitor

Naucalpan, México. La reciente intervención de la Fiscalía estatal en un centro de rehabilitación de Naucalpan ha encendido la alarma entre familiares, usuarios y defensores legales, quienes denuncian que los operativos se están ejecutando con abusos, sin órdenes judiciales y con detenciones arbitrarias que afectan incluso a espacios que cumplen con la normativa.

El operativo se realizó en el CETRAPAD “Lenguaje de Corazón, un Llamado al Amor” A.C. (Casa #2), ubicado en la colonia Capulín Soledad. De acuerdo con testimonios, agentes ministeriales irrumpieron sin presentar orden de cateo ni de aprehensión, lo que fue calificado como una “entrada ilegal” en un domicilio privado. Durante la acción fueron detenidos Víctor Manuel Becerra Rivera, Mauricio García Sánchez - representante del centro- y Francisco Javier Nieves Picasso, quienes permanecen en instalaciones de la Fiscalía Regional de Naucalpan.

La abogada Guadalupe Julisa López Álvarez, representante legal de los afectados, denunció que las detenciones se realizaron sin flagrancia y bajo un cerco informativo que impide el acceso a la carpeta de investigación. “Estamos ante un escenario de opacidad total. No hay cargos claros, no hay expediente disponible y se está negando el derecho básico a la defensa”, señaló.

López Álvarez subrayó que estos operativos no sólo generan descontento en las comunidades donde se realizan, sino que además afectan a centros que sí cumplen con las normas. “No todos los anexos son irregulares. Hay instituciones que trabajan con apego a la ley y que, sin embargo, se ven arrastradas por la estigmatización y la violencia de estas intervenciones”, advirtió.

Testimonios recabados apuntan a que el operativo se desarrolló en un ambiente de intimidación, con amenazas y agresiones verbales por parte de los elementos actuantes, lo que inhibió cualquier intento de verificación legal en el momento. Para la abogada, este patrón refleja un riesgo mayor: “La legalidad no puede ser opcional. Si la autoridad actúa sin órdenes judiciales y sin transparencia, se abre la puerta a abusos sistemáticos”.

La tensión escala rápidamente. Familiares y miembros de la comunidad han advertido que, de persistir la opacidad y no liberarse información sobre la situación jurídica de los detenidos, iniciarán movilizaciones y bloqueos en vialidades clave del Valle de México. “La gente está cansada de que se criminalice a quienes buscan rehabilitación. Si no hay respuestas, habrá resistencia en las calles”, enfatizó López Álvarez.

El caso Naucalpan no sólo exhibe un operativo cuestionado: abre un debate nacional sobre los límites de la autoridad en la intervención de centros de rehabilitación y la delgada línea entre regulación legítima y violación de derechos humanos.n centro de rehabilitación de Naucalpan ha encendido la alarma entre familiares, usuarios y defensores legales, quienes denuncian que los operativos se están ejecutando con abusos, sin órdenes judiciales y con detenciones arbitrarias que afectan incluso a espacios que cumplen con la normativa.

El operativo se realizó en el CETRAPAD “Lenguaje de Corazón, un Llamado al Amor” A.C. (Casa #2), ubicado en la colonia Capulín Soledad. De acuerdo con testimonios, agentes ministeriales irrumpieron sin presentar orden de cateo ni de aprehensión, lo que fue calificado como una “entrada ilegal” en un domicilio privado. Durante la acción fueron detenidos Víctor Manuel Becerra Rivera, Mauricio García Sánchez —representante del centro— y Francisco Javier Nieves Picasso, quienes permanecen en instalaciones de la Fiscalía Regional de Naucalpan.

La abogada Guadalupe Julisa López Álvarez, representante legal de los afectados, denunció que las detenciones se realizaron sin flagrancia y bajo un cerco informativo que impide el acceso a la carpeta de investigación. “Estamos ante un escenario de opacidad total. No hay cargos claros, no hay expediente disponible y se está negando el derecho básico a la defensa”, señaló.

López Álvarez subrayó que estos operativos no sólo generan descontento en las comunidades donde se realizan, sino que además afectan a centros que sí cumplen con las normas. “No todos los anexos son irregulares. Hay instituciones que trabajan con apego a la ley y que, sin embargo, se ven arrastradas por la estigmatización y la violencia de estas intervenciones”, advirtió.

Testimonios recabados apuntan a que el operativo se desarrolló en un ambiente de intimidación, con amenazas y agresiones verbales por parte de los elementos actuantes, lo que inhibió cualquier intento de verificación legal en el momento. Para la abogada, este patrón refleja un riesgo mayor: “La legalidad no puede ser opcional. Si la autoridad actúa sin órdenes judiciales y sin transparencia, se abre la puerta a abusos sistemáticos”.

La tensión escala rápidamente. Familiares y miembros de la comunidad han advertido que, de persistir la opacidad y no liberarse información sobre la situación jurídica de los detenidos, iniciarán movilizaciones y bloqueos en vialidades clave del Valle de México. “La gente está cansada de que se criminalice a quienes buscan rehabilitación. Si no hay respuestas, habrá resistencia en las calles”, enfatizó López Álvarez.

El caso Naucalpan no sólo exhibe un operativo cuestionado: abre un debate nacional sobre los límites de la autoridad en la intervención de centros de rehabilitación y la delgada línea entre regulación legítima y violación de derechos humanos.