Nueve de cada 10 habitantes temen por su seguridad en Chimalhuacán

Luis Ayala Ramos

Chimalhuacán, México. La inseguridad en este municipio ha alcanzado niveles alarmantes: nueve de cada diez habitantes se sienten inseguros, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente al primer trimestre del año.

“Mi familia y yo hemos pensado en vender nuestra casa, ya no se puede vivir en Chimalhuacán, las autoridades no hacen nada”, expresa Ana Flores R., vecina de San Miguel Acuitlapilco, quien teme por sus hijos debido a la creciente violencia y al hallazgo de restos humanos en diversas colonias como Vidrieros, Herreros y Canasteros.

La inseguridad se ha agravado con hechos recientes como el asesinato de un hombre el pasado 4 de junio y una balacera en marzo en su colonia, además de desapariciones como la de Yucary, quien fue localizada sin vida tras 10 días.

En mayo, el Semáforo Delictivo del Estado de México registró en Chimalhuacán 30 casos de narcomenudeo, 10 violaciones, 109 denuncias de violencia familiar y 9 homicidios, lo que mantiene a la población en constante zozobra.

La plataforma oficial DATA MÉXICO reconoce un crecimiento del 900 por ciento en el narcomenudeo de mayo de 2024 a mayo de 2025, además de un incremento del 200 por ciento en otros delitos del fuero común.

A esta situación se suma una grave deficiencia en el número de policías. Con 722 mil 753 habitantes, de acuerdo con el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social 2025, el municipio cuenta solo con 550 policías, es decir, un agente por cada 2 mil 628 personas. La ONU recomienda al menos 2.8 policías por cada mil habitantes.

“Llegamos siempre tarde, si es que llegamos”, reconoció un oficial municipal, José N., quien acusó al gobierno de Xóchitl Flores Jiménez de generar un “estado sin fuerza” al obligar a los elementos a realizar tareas administrativas, a laborar sin binomio ni respaldo legal, a pagar sus propios uniformes y reparaciones de patrullas, y a soportar condiciones laborales precarias.

De enero a marzo, 80 policías renunciaron por el exceso de trabajo, el maltrato institucional y la falta de apoyo jurídico. Aunque se han adquirido 50 nuevas patrullas, no hay personal suficiente para operarlas. “Nos mandan con solo 15 cartuchos, sin apoyo ni respaldo”, denunció.

Mientras la población exige mayor seguridad, los recursos existen. El Ramo 33 del FORTAMUN 2025 destinó un millón de pesos para municiones, 36.5 millones para uniformes, 30 millones para el arrendamiento de patrullas y 2.2 millones para refacciones.

“No hay condiciones, muchos ya pensamos en renunciar. Pero eso sí, cuando bailó la hija de la presidenta, nos mandaron a cuidarla”, remató el oficial.