Los pendientes del SINAPROC

Después de los sismos de septiembre de 1985, hace más de 35 años, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Su propósito, en mayo de 1986, fue establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de manera eficiente y rápida en caso de un desastre. Desde su origen, este conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, servicios, entre otros, que establecen de manera coordinada las entidades del sector público, privado y social en materia de protección civil, tuvo una vocación de carácter reactivo, es decir de coordinarse para responder ante las calamidades que aquejan constantemente a la sociedad.

Desde entonces, se ha ido construyendo un andamiaje legal-administrativo para la atención de las emergencias y desastres en el territorio nacional. En tal contexto, el componente preventivo del manejo de los desastres, es decir antes de que estos ocurran, se incorporó a las leyes y normas desde hace 35 años; de hecho, la Ley General de Protección Civil en su versión del año 2000 –cuando recién se publicó– y luego la de junio de 2012 –que aún está vigente– consideran obligatorio y de aplicación irrestricta en todo el país el elemento preventivo de manera muy clara y contundente; uno de sus elementos paradigmáticos son los Programas de Protección Civil, desde el Programa Nacional que se establece en cada sexenio, hasta los programas estatales, municipales e institucionales, cuyo contenido y esencia establece una serie bien definida de acciones de carácter preventivo para evitar que el impacto de los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores afecte a determinado segmento poblacional, e incluso los controle y extinga.

Entre estas disposiciones preventivas y obligatorias se encuentra la identificación, previsión y análisis de los riesgos en determinadas zonas y situaciones; cabe mencionar que nuestra legislación considera la elaboración de Programas Especiales de Protección Civil enfocados a un Riesgo Específico, como son las concentraciones masivas de personas; las inundaciones, el manejo de la pirotecnia, el almacenamiento, manejo y transporte de sustancias peligrosas, entre otras condiciones de riesgo hoy día plenamente identificadas y normadas, cuyo no cumplimiento faculta a las autoridades locales y estatales en la materia a suspender el desarrollo de las mismas y aplicar medidas de apremio y multas. La especialización es tal que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) certifican cada año a cientos de servidores públicos como especialistas en el diseño de estos programas.

Desde hace más de 20 años, el paradigma de las tres fases de atención de las emergencias y desastres (Antes, Durante y Después) se institucionalizó, reguló y organizó para su aplicación en todo el territorio nacional; asimismo, México como suscribiente de los Acuerdos Marco de Hyogo (2005) y Sendai (2015), auspiciados por la ONU, se comprometió al desarrollo de una metodología denominada Gestión Integral de Riesgos de Desastre (GIRD), la cual consiste en 8 etapas de atención para el manejo de los eventos adversos que ponen en riesgo a la población, sus bienes y el entorno: 1. Identificación; 2. Previsión; 3. Prevención; 4. Mitigación; 5. Preparación; 6. Auxilio; 7. Recuperación; 8. Reconstrucción.

La GIRD se ha venido desarrollando y fortaleciendo administrativamente y llena de conceptos los manuales de capacitación y la comunicación institucional, sin embargo, en la realidad de los hechos, sus resultados son magros y casi nulos en cuanto a las fases preventivas; en materia de recuperación y reconstrucción, la sombra de la corrupción, la incapacidad técnica y la burocratización de procesos permea esta fase. Se destaca únicamente, de manera heroica, la fase de auxilio, en la que México se ha vuelto especialista y goza de considerable fama mundial –los topos, la perrita Frida– por el desempeño de instituciones insignes en la atención a emergencias, como lo son SEDENA, MARINA y la Cruz Roja Mexicana. Hoy mismo tenemos conocimiento de la llegada a Turquía de una Misión de Especialistas mexicanos en Búsqueda y Rescate, conformado por 150 elementos de las tres instituciones citadas arriba, para coadyuvar en las acciones de auxilio a la población afectada tras los sismos de 7.8 y 7.5 Grados registrados el pasado 6 de febrero en ese país.

¿Qué decir entonces de las fases de prevención y reconstrucción en México? Que la planeación territorial, el respeto a las áreas naturales protegidas; la legalidad de los usos de suelo y límites de restricción de asentamientos de población en zonas de riesgo; la regularización y limitación de la proliferación de estaciones de despacho de Gasolinas y Estaciones de carburación en zonas habitacionales; el control, saneamiento y mantenimiento de presas, lagunas y ríos son importantes asuntos pendientes que el SINAPROC debe atender con urgencia y presupuesto; así como hacer los procesos de reconstrucción más eficaces y difundiendo con mayor alcance los procesos de transferencia del riesgo a través de instrumentos financieros transparentes y menos burocráticos; así como el fomento del aseguramiento de la infraestructura pública y privada ante los desastres.

Hugo Antonio Espinosa

Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,

Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.

Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX

@CmdtEspinosa cmdtespinosa