“A lo largo de tres décadas, ha aumentado el número de desastres con impactos significativos. El promedio anual de personas afectadas directa e indirectamente ha crecido de forma acelerada, al igual que las pérdidas económicas asociadas”, reveló un informe de la oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), publicado en 2021, el cual reúne los resultados del balance de treinta años de esfuerzos por reducir el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe (ALC), denominado Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres (RAR, por sus siglas en inglés).
El documento, patrocinado por diversas agencias especializadas de España, Alemania y Estados Unidos, anunció la necesidad de realizar cambios profundos en la forma de comprender el riesgo y su causalidad, proponiendo reflexionar y tomar acciones para modificar los mecanismos y estructuras de gobernanza para reducirlo. Hacer las cosas de otro modo, con más perspectiva comunitaria y de vinculación ciudadana para generar consecuencias diferentes; en otras palabras, invita a pensar soluciones innovadoras, incluso disruptivas.
De la misma forma en que los entes responsables de la política pública y del desarrollo económico de nuestra región desestiman de sus prioridades los temas relacionados con el calentamiento global y sus irreversibles efectos, los riesgos de desastre corren con la misma suerte, ya que son poco atendidos en sus fases de prevención y mitigación, aunado a la nula difusión a la ciudadanía para incentivar su participación en la reducción de sus consecuencias. A quince años del Marco de Acción de Hyogo, 2005-2015, y a más de cinco años del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), es evidente que las políticas, medidas y mecanismos adoptados han resultado muy limitados para reducir el número de desastres y su impacto, como se aprecia en la Figura 1.
Entre 1997 y 2017, uno de cada cuatro desastres registrados en el mundo ocurrió en ALC, según el citado informe, el cual puede ser descargado completo de la página electrónica de la UNDRR. En el mismo periodo, nueve de cada diez personas afectadas por desastres en la región lo fueron debido a fenómenos hidrometeorológicos. No menos preocupante es que siete de cada diez muertes por desastre fueron a causa de eventos de origen geológico (principalmente sismos). En 2020, la pandemia de COVID-19 fue la principal causa de muerte en prácticamente toda la región.
En el mismo sentido, los patrones de riesgo mayormente identificados en la región son la pobreza y la desigualdad; criminalidad y violencia e inseguridad alimentaria, los cuales, concatenados, detonan y potencian otras vulnerabilidades, como el desplazamiento y migración masiva de personas; la inestabilidad política crónica y una gobernanza débil; en consecuencia, un desarrollo urbano mal planificado y mal gestionado. A todo esto, se agrega la degradación ambiental y la crisis hídrica, entre otros fenómenos provocados por el cambio climático. ¡Vaya cóctel de vulnerabilidades! Todos estos aspectos son verificables en la realidad cotidiana de las zonas empobrecidas en cualquier país de ALC.
¿Qué nos hace pensar que la tendencia al alza en materia de desastres no cambiará en la región, por lo menos en los próximos tres o cuatro años? Básicamente por la ausencia de políticas públicas definidas, por la falta de asignación presupuestal y la falta de una perspectiva integral para atender los fenómenos, ya que frecuentemente se toman decisiones y se asignan recursos a proyectos de corto plazo, con sesgos partidistas o de grupo, sin planeación, ni visión de conjunto. Meros paliativos la mayoría. Asimismo, la falta de voluntad política y capacidad técnica para dirigir esfuerzos y crear sinergias entre la academia, el gobierno, empresarios e inversionistas.
Por lo tanto, la gobernanza es la principal debilidad de nuestra región, así lo indica el informe. Los agentes reguladores institucionales y los tomadores de decisiones, tanto de los ámbitos público y privado, no encuentran el sentido de urgencia en la necesidad de actuar e invertir en la reducción de los factores subyacentes del riesgo ya citados, mucho menos en los mecanismos de transferencia del riesgo de desastre, tales como el aseguramiento de bienes e infraestructura pública, ya que en los países con bajos ingresos, entre 1990 y 2018, solo el 1.5% de las pérdidas por desastre se encontraban aseguradas; en contraste con los países de ingreso alto, cuyas pérdidas, en el mismo periodo, se encontraban aseguradas en un 36.1%.
La mayoría de los países de ALC sólo se han enfocado en inversiones reactivas y compensatorias, es decir, una vez que ya pasó y afectó el desastre, a través de fondos para la reconstrucción, siendo casi nulos los esfuerzos con respecto a medidas de reducción del riesgo prospectivo; es decir, la ausencia del factor de reducción de desastres en la planificación de las inversiones tanto públicas como privadas.
Finalmente, la invitación es a cambiar el paradigma de la reacción por el de la prospección, la anticipación de escenarios y la pulcritud y transparencia procedimental en la asignación de recursos. El empuje de proyectos de innovación enfocados en la prevención y mitigación oportuna de las causas de desastre requiere de talento y persistencia de sus promotores, así como la sensibilidad y aplomo de quienes deciden los rumbos de la región, para que, de una vez por todas, la reducción de riesgos sea una realidad. No olvide que el espacio más seguro es el que usted construye.
Hugo Antonio Espinosa
Fue Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Toluca,
Subdirector de Protección Civil e Inspección en la SCT Federal.
Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil, EDOMEX
@CmdtEspinosa cmdtespinosa
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