La violencia que hoy vacía pueblos enteros es consecuencia de años de omisión: Frayba

El Estado mexicano debe detener la guerra contra los pueblos indígenas

El silencio en las calles, las casas abiertas y los caminos desiertos revelan la magnitud de la crisis: un pueblo entero obligado a huir para salvar la vida

(Agencias)

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresó profunda preocupación, y enérgica condena, ante la escalada de violencia armada que, desde el 6 de mayo de 2026, mantiene bajo asedio a las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la Montaña baja de Guerrero.

Detalló que durante los últimos días, el grupo criminal “Los Ardillos” ha intensificado ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementando tácticas paramilitares. En este contexto, el 9 de mayo, sus incursiones armadas provocaron el desplazamiento forzado de más de mil personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección estatal.

La violencia no solo continúa: se profundiza.

Advirtió que la comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del CIPOG‑EZ, se encuentra prácticamente vacía. El pasado 11 de mayo, sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. El silencio en las calles, las casas abiertas y los caminos desiertos revelan la magnitud de la crisis: un pueblo entero obligado a huir para salvar la vida.

Los hechos recientes- -alertó- han provocado el desplazamiento forzado de mil 200 personas, que se suman a los desplazamientos previos, alcanzando un total de 2,200 personas desplazadas en la región.

Este desplazamiento masivo forma parte de un patrón sostenido de agresiones, amenazas y ataques contra comunidades indígenas que, desde hace años, denuncian la presencia y expansión de la delincuencia organizada en la Montaña baja, así como la omisión, permisividad y aquiescencia de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la información más reciente, se reportan cuatro personas asesinadas, dos de ellas identificadas como José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, ambos de la comunidad de Xicotlán; las otras dos víctimas permanecen sin identificar. Asimismo, el 11 de mayo fue asesinado Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán. A ello se suma la desaparición de dos personas, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Pese a la multiplicidad de acciones que han realizado las comunidades que integran el CIPOG-EZ, los gobiernos federal y estatal han negado, retrasado o retirado medidas de protección indispensables. La información documentada por el Frayba y organizaciones acompañantes indica:

Cooptación del gobierno municipal por parte de la delincuencia organizada.

Negativa del gobierno estatal a atender las demandas urgentes de seguridad.

Retiro de medidas de protección por parte del gobierno federal.

Retiro de elementos del Ejército mexicano de las Bases de Operaciones Mixtas, permitiendo el libre ingreso del grupo armado vinculado a la delincuencia organizada.

Inacción deliberada de corporaciones de seguridad durante los ataques y el desplazamiento.

La ausencia de acciones efectivas para prevenir y detener la violencia, aún con pleno conocimiento de los riesgos, constituye una violación grave a los derechos humanos y deriva en responsabilidad directa, del Estado mexicano, por incumplir su deber de proteger la vida e integridad de las comunidades indígenas, advirtió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Urgió a atender de inmediato la situación de las más de dos mil 200 personas desplazadas, garantizando asistencia humanitaria, seguridad y condiciones para un retorno seguro y digno.

Detener y desarticular al grupo criminal “Los Ardillos” y sus redes de operación y protección institucional.

Garantizar el derecho a la verdad, documentando los hechos de manera pública y reconociendo su carácter sistemático.

Asimismo, convocó a las organizaciones nacionales e internacionales, redes solidarias y mecanismos de derechos humanos a mantenerse alertas, y acuerpar a las comunidades afectadas.

La violencia que hoy vacía pueblos enteros es consecuencia de años de omisión, negación y permisividad estatal. Las comunidades del CIPOG-EZ han advertido reiteradamente sobre la ofensiva criminal; reducirla a un “conflicto entre comunidades” constituye una forma de encubrimiento institucional, y evasión de responsabilidades, que agrava el riesgo y normaliza la grave situación de violaciones a los derechos humanos.