Impulsan reforma para cerrar vacíos en Justicia Cívica del Edomex

Diputado alinea propuesta con iniciativa de la gobernadora para dar certeza jurídica y limitar abusos en municipios

Redacción El Monitor

Toluca, México.- Para evitar arbitrariedades y fortalecer la certeza jurídica, el diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios, la cual -subrayó- retoma y orienta la propuesta previamente enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En tribuna, el legislador explicó que el planteamiento busca armonizar el marco legal tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en octubre de 2025 declaró inconstitucionales diversos artículos de la norma por generar ambigüedades.

Entre los puntos clave de la reforma destaca la eliminación de conceptos imprecisos como “faltar al respeto” o “agresiones verbales” dentro de las infracciones cívicas, al considerar que permiten interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades municipales.

Asimismo, se plantea reconfigurar el tema de los registros de infractores, luego de que la Corte invalidara disposiciones que pretendían facultar a los municipios en esta materia, la cual corresponde al ámbito federal mediante la Ley Nacional de Registro de Detenciones.

Valdeña Bastida detalló que la iniciativa se basa en dos ejes: definir con claridad las conductas sancionables para evitar abusos y reorganizar el registro de infracciones, limitándolo a resoluciones administrativas firmes.

El legislador advirtió que la falta de precisión legal no solo dificulta la aplicación de la justicia cívica en los ayuntamientos, sino que también impacta en la percepción de seguridad y en la convivencia social.

Finalmente, destacó que esta reforma, alineada con la propuesta del Ejecutivo estatal, busca dotar a los municipios de herramientas legales sólidas, respetuosas de los derechos humanos y útiles para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.

De avanzar en el Congreso mexiquense, el ajuste legal permitiría reducir la discrecionalidad en la actuación de autoridades locales y fortalecer el estado de derecho en la entidad.