GPPRD combate discriminación por exclusión digital y neurodivergencias

El Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), coordinado por el diputado Omar Ortega, propuso que se reconozcan como actos de discriminación la exclusión en el acceso a tecnologías digitales, así como las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en condiciones neurodivergentes

La iniciativa, expuesta por la legisladora Araceli Casasola, plantea la posibilidad del bloqueo temporal de plataformas digitales, sitios web o cuentas institucionales que promuevan actos discriminatorios desde medios electrónicos además de reforzar la protección de los derechos de personas de la diversidad sexogenérica

También pretende que el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México integre observatorios ciudadanos de los sectores de mujeres, juventudes, personas con discapacidad, de la diversidad sexogenérica y comunidades indígenas

Redacción El Monitor

Toluca, México.- El Grupo Parlamentario del PRD propuso que se reconozcan como actos de discriminación la exclusión en el acceso a tecnologías digitales, así como las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en condiciones neurodivergentes, además de establecer medidas para atender asimetrías en ambos aspectos y la posibilidad del bloqueo temporal de plataformas digitales, sitios web o cuentas institucionales que promuevan actos discriminatorios desde medios electrónicos.

La iniciativa de la bancada, coordinada por el diputado Omar Ortega Álvarez, y que también integra la legisladora Araceli Casasola Salazar, pretende actualizar la legislación en materia de derechos humanos, a través de la incorporación de estas formas de discriminación y el reconocimiento de grupos históricamente vulnerables; además, considera reforzar la protección de los derechos de personas de la diversidad sexogenérica.

El proyecto de reforma a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación estatal, que se expuso en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, plantea que la exclusión o restricción del acceso a tecnologías de la información y la comunicación, servicios digitales, conectividad a internet, así como la limitación en la adquisición de competencias digitales esenciales para la participación social, económica y educativa de la población en general sea considerada discriminación.

Por lo tanto, dispone acciones para garantizar la inclusión digital, tales como políticas de conectividad gratuita o a bajo costo en comunidades marginadas; promover programas de alfabetización digital, especialmente en personas adultas mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas, y garantizar la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones de gobierno para personas con discapacidad.

La iniciativa establece que las autoridades estatales y municipales diseñen y promuevan estrategias de inclusión laboral, educativa y social para personas neurodivergentes (con variaciones naturales en el funcionamiento cerebral que incluyen condiciones como el autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia, entre otras), incluyendo campañas de sensibilización en centros educativos y de trabajo.

En su participación desde tribuna, la congresista Araceli Casasola indicó que estas condiciones, lejos de ser una discapacidad en sí mismas, son formas distintas de percibir y procesar el mundo. Sin embargo, acotó, persisten barreras estructurales en los ámbitos de la educación, el empleo y la salud.

Por otro lado, para garantizar la igualdad de oportunidades para personas de la diversidad sexual y de género, se plantea que las autoridades estatales y municipales desarrollen campañas contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual; promuevan mecanismos de inclusión laboral y educativa para personas trans y no binarias, y establezcan acciones afirmativas para el reconocimiento y respeto del nombre y género autopercibido en documentos oficiales estatales.

La propuesta también considera que el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación (órgano ciudadano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en la materia) sesione por lo menos una vez al mes (la legislación vigente establece, al menos, una sesión cada dos meses) y que pueda integrar observatorios ciudadanos por sector (mujeres, juventudes, personas con discapacidad, de la diversidad sexogenérica, comunidades indígenas, entre otros) para atender problemáticas específicas.

La parlamentaria expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 24.7 por ciento de la población mexiquense adulta declaró haber sido víctima de algún acto discriminatorio en los últimos 12 meses, cifra superior al promedio nacional (23.7 por ciento).