Fallan entidades con profesionalizar policías

De hecho, los gobernadores jamás han entregado al Senado el informe de los avances de profesionalización de sus policías, a pesar de que los obliga la Constitución.

(Agencias)

Gobernadores y presidentes municipales de todos los colores partidistas, suman 16 años de incumplir con su obligación expresa en la Constitución y en las leyes para profesionalizar a sus cuerpos policiacos y, por el contrario, aumentaron su dependencia del auxilio del Ejército mexicano en labores de seguridad pública.

Los gobernadores, -de acuerdo con información publicada en el diario nacional Excelsior-, jamás cumplieron con su obligación de entregar al Senado la información puntual del estado de su fuerza policial, a pesar de que el mandato emanó de la propia Constitución.

Desde el 2 de enero del 2009, con la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se incluyó la responsabilidad directa de los tres niveles de gobierno en la profesionalización de los cuerpos policiacos, incluso se estableció un castigo de dos a ocho años de prisión a quien tuviera como elementos policiacos personal que no tuviera la certificación correspondiente y la sanción aplicaba a los gobernadores, a quienes se les dio un plazo de cuatro años para profesionalizar a sus policías.

Gobierno Federal busca mecanismo para obligar a Estados y municipios

Pero en el último trimestre del 2012, a sólo unos meses de que venciera el plazo legal de cuatro años para cumplir con esa obligación, se modificó la ley para que se diera un año más. Sin embargo, en enero del 2014, los gobernadores no cumplieron y no se les aplicó el castigo de ley.

Ahora, el gobierno federal apuesta por un nuevo mecanismo que los obligue a cumplir: que se comprometan ante el Ejército con plazos perentorios si desean mantener el apoyo de la Guardia Nacional.

En diciembre del 2008, el Senado incluyó en la entonces nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública un plazo de cuatro años para que México cuente con cuerpos policiacos confiables, libres de corrupción, so pena de aplicar hasta ocho años de prisión a las autoridades de cualquier nivel de gobierno que dolosamente contraten elementos de seguridad con antecedentes delictivos.

Los gobiernos federal, estatal y municipales tuvieron un plazo de un año para implementar todos los mecanismos que certifiquen la confiabilidad y desempeño de los cuerpos policiacos, y de no cumplir serán sujetos de una sanción también de hasta cuatro años de prisión, pues la intención del Legislativo es ir por un sistema de seguridad que en verdad proteja a los mexicanos.

El artículo Tercero transitorio ordenaba que “de manera progresiva y en un plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el Consejo Nacional”.

Y el Cuarto transitorio advertía que “todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos y plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio”.

Pasaron los años y los gobernadores no avanzaron en esa obligación legal, que marcaba el 2 de enero del 2013 como la fecha máxima para que todos los cuerpos policiacos estatales estuvieran profesionalizados.

Hacia finales del 2012, el entonces senador priista Omar Fayad propuso una reforma al Cuarto transitorio para dar un mayor plazo a los gobernadores.

"Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo contrario serán separados del Servicio.

Para los efectos de lo señalado en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del Programa a los seis meses de la entrada en vigor del presente Decreto”, pero tampoco nada de eso se cumplió.

En febrero del 2019 entró en vigor la Ley de la Guardia Nacional, que incluyó en su régimen transitorio las disposiciones para que los gobernadores y los alcaldes cumplieran con la obligación de profesionalizar a sus cuerpos policiacos, porque los militares en auxilio de la seguridad pública en los estados iban a regresar a los cuarteles en el año de 2018, pero no cumplieron y se optó por otra reforma.

En septiembre del 2022, el Congreso de la Unión decidió que el regreso de los militares a sus cuarteles será en el año 2028, pero se estableció la obligación de los gobernadores a informar al Senado de los avances que tenían en la profesionalización de policías.

Pero el 25 de septiembre del 2023, desde la Comisión Bicamaral que evalúa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, Morena impulsó que el Congreso de la Unión se comprometiera a una reforma para militarizar la Guardia Nacional de manera indefinida, pues no hay certeza de cuándo regresarán los militares a sus cuarteles, pues los gobernadores se negaron a informar del avance de la profesionalización de las policías estatales y municipales.

De hecho, los gobernadores jamás han entregado al Senado el informe de los avances de profesionalización de sus policías, a pesar de que los obliga la Constitución.

Nueva Ley busca que Estados asuman por escrito la profesionalización.

En un nuevo esfuerzo para que los gobernadores y alcaldes cumplan, en la nueva Ley de la Guardia Nacional que el Congreso de la Unión está por aprobar se establece que los gobernadores y alcaldes que soliciten su auxilio tendrán que asumir por escrito el compromiso de profesionalizar a sus policías y tendrán plazos perentorios para hacerlo, ordena la nueva Ley de la Guardia Nacional propuesta por la Presidenta de la República.

Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades de las entidades federativas y municipios se establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el secretario (de la Defensa), el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y, en su caso, los presidentes municipales correspondientes.

En los convenios se establecerán las condiciones y términos para la conclusión de las tareas encomendadas a la Guardia Nacional, a fin de que las instituciones de seguridad pública local las asuman plenamente.

Asimismo, se establecerá un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios, con objetivos, instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores de avance y metas que permita a dichas instituciones cumplir con sus facultades, atribuciones y obligaciones; para lo anterior, deberán contar, sobre la base de la corresponsabilidad, con las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas”, dice.