Exhibe diputado Octavio Martínez presunto desvío de recursos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Edoméx

Ana Lilia García Castelán

Toluca, México. El diputado local Octavio Martínez Vargas - Morena-, denunció un presunto desvío de alrededor de 32 millones de pesos desde el interi7or del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), señalando al magistrado presidente Gerardo Becker Ania, por encubrimiento.

El ñ presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México, reveló que funcionarios del propio tribunal habrían utilizado tokens institucionales para transferir recursos públicos a cuentas privadas ubicadas en Guanajuato y Aguascalientes. A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía estatal ha mantenido el expediente sin avances durante más de 20 meses.

"No fue un hackeo, fue un desvío " .

El dinero salió del tribunal y el presidente ha encubierto los hechos, ya sea por omisión o por complicidad”, acusó el legislador.

Martínez Vargas criticó la falta de consecuencias para los responsables, contrastando con los casos de ciudadanos encarcelados por delitos menores como el robo de alimentos o cantidades insignificantes. “Aquí hablamos de millones de pesos del erario, y no hay una sola sanción efectiva”, lamentó.

Además, el legislador desmintió la versión oficial del magistrado Bécquer, quien habría atribuido el desfalco a un supuesto “hackeo”. Según Martínez Vargas, el dinero fue restituido por un seguro bancario, lo que confirma que el robo sí ocurrió, aunque no haya sido esclarecido ni castigado.

Finalmente, advirtió que el recién nombrado presidente del Poder Judicial, magistrado Macedo, enfrenta su primera gran prueba: demostrar si hay voluntad real de combatir la corrupción o si se perpetuará la impunidad que ha protegido a quienes desviaron los recursos.

Impulso a reforma contra la usura

En otro frente, el legislador anunció una iniciativa para reformar el marco legal en torno al delito de usura en el Estado de México. La propuesta busca establecer límites claros basados en las tasas oficiales del Banco de México, con el objetivo de sancionar prácticas abusivas que derivan en despojos patrimoniales y tragedias familiares.

Martínez precisó que estas operaciones se realizan con total impunidad en la vía pública, y que incluso podrían contar con la complicidad de sindicatos, cuerpos de seguridad y redes delictivas. “Es hora de dotar al Estado de herramientas legales eficaces para erradicar esta forma de violencia económica”, concluyó.