Madrid. Un informe de la asociación de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), elevó a 113 las posibles víctimas -37 fallecidos y 76 desaparecidos- del asalto masivo a la valla fronteriza de la ciudad española de Melilla. Los hechos ocurrieron hace justo un año y a día de hoy continúa el secretismo y el ocultamiento de documentos gráficos y pruebas que esclarezcan la peor tragedia migratoria en la ciudad autónoma.
El 24 de junio del año, en la frontera entre la ciudad marroquí de Nador y la española de Melilla, ambas en el norte de África, un grupo de más de dos mil migrantes subsaharianos intentaron hacer un asalto masivo para llegar a suelo español. El resultado fue la peor tragedia en la ciudad, con una cifra de muertos reconocida oficialmente por las autoridades marroquíes y españolas de 24, pero además se registraron numerosos heridos por la represión de la gendarmería marroquí y por los mismos sistemas de seguridad de la valla fronteriza, sobre todo los alambres de púas y las concertinas.
Una investigación periodística, realizada por la BBC británica, aseguró que durante la operación se registraron varias muertes en suelo español, pero que los propios agentes arrastraron los cuerpos sin vida hasta devolverlos a territorio marroquí, donde finalmente fueron enterrados en una fosa común los fallecidos.
A un año de los hechos, AI explicó en su informe que “las familias de las personas fallecidas o en paradero desconocido están atrapadas en la incertidumbre mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación.
Según esta investigación, al menos 37 personas murieron y continúan en paradero desconocido al menos otras 76. “Cuando se cumple un año de la masacre de Melilla, las autoridades españolas y marroquíes no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad. Sigue habiendo cadáveres en una morgue y en tumbas, y son bloqueados los esfuerzos para identificar a las personas fallecidas e informar a sus familiares”, explicó Agnès Callamard, secretaria general de AI.
Además detallaron que “las barreras a la verdad y la justicia son también un reflejo del trato dañino que continúa infligiéndose debido a la raza y la condición migratoria. Aun así, mientras se desvanece la esperanza de encontrar vivas a las 76 personas en paradero desconocido, la exigencia a las autoridades de que establezcan la verdad y garanticen justicia para las víctimas y sus familias es cada vez más potente.”
El gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, fue señalado como corresponsable de la masacre, incluso el todavía ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue reprobado en el Congreso de los Diputados por su actuación en esta tragedia en una votación en la sólo respaldaron su trabajo los dos partidos que forman la coalición del gobierno, es decir el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), mientras que el resto de la Cámara le instó a dimitir y presentar todas las pruebas y videos que podrían aclarar la masacre y que se niegan a hacer públicos.