EE.UU. amenaza con exhibir a “narcofuncionarios” mexicanos
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(Agencias)
La relación entre México y Estados Unidos entró en una nueva zona de tensión luego de que el embajador estadounidense Ronald Johnson advirtiera sobre una posible ofensiva contra presuntos funcionarios mexicanos ligados al narcotráfico y la corrupción, en lo que ya se perfila como una de las mayores presiones políticas de Washington sobre la clase gobernante mexicana en años recientes.
Durante un mensaje público en Sinaloa, Johnson aseguró que la administración del presidente Donald Trump prepara “acciones significativas” contra actores políticos señalados por presuntos vínculos con redes criminales, insinuando que las medidas podrían ir más allá de la cancelación de visas y alcanzar investigaciones o procesos judiciales en territorio estadounidense.
Las declaraciones encendieron alarmas en México por su potencial impacto político, al abrir la puerta a una campaña internacional que podría exponer a figuras del poder bajo sospecha de colusión con el crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza y exigió pruebas contundentes, subrayando que cualquier acusación debe sustentarse con evidencia legal y no con declaraciones políticas. Además, pidió reciprocidad a Washington para investigar también posibles redes de corrupción del lado estadounidense.
Analistas advierten que esta postura podría marcar una nueva etapa en la relación bilateral, donde el combate al narcotráfico ya no se limitaría a los cárteles, sino que apuntaría directamente a estructuras políticas presuntamente infiltradas.
Aunque hasta ahora no existe una lista pública de funcionarios señalados, el mensaje ya provocó un fuerte impacto en el escenario político nacional, donde crece la expectativa sobre quiénes podrían convertirse en objetivos de una eventual embestida estadounidense.
El episodio amenaza con profundizar el debate sobre soberanía, cooperación internacional y corrupción, mientras México enfrenta presión externa en uno de los temas más sensibles para su estabilidad institucional: la presunta protección política al crimen organizado.