Destituyeron a Dina Boluarte como presidenta de Perú

(Agencia)

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida en la madrugada de este viernes (10.10.2025) de manera exprés por el Congreso de Perú, controlado por un grupo de partidos de derecha que la había sostenido desde que asumió el poder, en diciembre de 2022, y que ahora le quitó su respaldo con la mirada puesta en las elecciones generales convocadas para abril de 2026.

Tras aprobar con 122 votos a favor la "permanente incapacidad moral" de la mandataria para hacer frente al crecimiento vertiginoso del crimen organizado en el país, la presidencia fue ocupada de manera interina por el presidente del Parlamento, el derechista José Jerí- siguiendo la línea legal de sucesión-, quien se convirtió en el séptimo presidente de Perú en apenas nueve años.

De esta forma, Perú vivió un nuevo capítulo de la convulsión política de larga duración que lo sacude desde 2016, período en el que ningún presidente ha podido completar un mandato completo, y todos han terminado destituidos por un Parlamento opositor al que no podían dominar.

Manifestantes en Lima con pancartas en contra del Gobierno de Boluarte.Manifestantes en Lima con pancartas en contra del Gobierno de Boluarte.

Protestas en Lima en contra del Gobierno de Boluarte, en septiembre de 2025.Imagen: Klebher Vasquez/Anadolu/picture alliance

La política más impopular de Latinoamérica

Los partidos que antes habían bloqueado seis mociones previas de destitución contra Boluarte y diversas denuncias de la Fiscalía por sospechas de corrupción y otros delitos, ahora, a seis meses de las elecciones, pasaron a promoverlas y a apoyarlas para tratar de congraciarse con un electorado que, con 94 por ciento de desaprobación, convirtió a la gobernante en la más impopular de América Latina, según un último informe de la encuestadora CPI. Sin embargo, el estudio confirmó que el Congreso tampoco goza del respaldo popular y obtuvo una cifra de rechazo similar.

Sin bancada propia ni apoyo popular, la ahora expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú. La gota que derramó el vaso fue un tiroteo en un concierto de cumbia en Lima, el miércoles 8 de octubre.

Por ello, el giro en contra de Boluarte en el Parlamento fue tan drástico que el partido fujimorista Fuerza Popular, y Acción Para el Progreso (APP), del gobernador regional César Acuña, se vieron obligados a anunciar que apoyaría la destitución de Boluarte, pese a haber sido sus dos principales aliados.

José Jerí, el nuevo mandatario de Perú, hablando en el Parlamento en Lima.José Jerí, el nuevo mandatario de Perú, hablando en el Parlamento en Lima.

José Jerí, el nuevo mandatario de Perú.Imagen: Angela Ponce/REUTERS

¿Qué sigue después de la destitución?

Ahora será Jerí, un político de 38 años salpicado por una denuncia de violación que recientemente fue archivada, el que, de manera inesperada, empieza a llevar las riendas del país. En su primer discurso, el nuevo mandatario dijo que "el principal enemigo está afuera, en las calles; las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos, debemos declararle la guerra".

Jerí completará el mandato que ejercía Boluarte desde diciembre de 2022, cuando accedió al cargo por la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Las elecciones generales están previstas para el 12 de abril de 2026, pero algunas bancadas en el Congreso están pidiendo un adelanto de elecciones. Por otro lado, el ambiente en la calle sigue atizándose, y es probable que eso lleve a una protesta general para "que todos se vayan”, como dicen en sus pancartas, incluido el Congreso.

Sin embargo, especialistas coinciden en que un eventual adelanto de elecciones no sería viable en el contexto actual, pues el calendario electoral ya fue establecido. El proceso electoral ya está en marcha después de haberse cumplido los plazos legales correspondientes.

Por lo tanto, el nuevo presidente interino está obligado a respetar las fechas establecidas, salvo que el Congreso, en el marco constitucional, modifique legalmente ese calendario con los votos necesarios y los mecanismos correspondientes.