Congreso mexiquense da luz verde a Ley de Salud integral

La LXIII Legislatura estatal aprobó expedir la Ley de Salud del Estado de México, con base en 15 iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de morena, PVEM, PT y un ciudadano, PAN, PRI, MC y PRD y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez

Redacción El Monitor

Toluca, México. La LXIII Legislatura estatal aprobó expedir la Ley de Salud del Estado de México, con el fin de garantizar el derecho de la población a la atención médica, establecer las responsabilidades de las autoridades respectivas y fortalecer la coordinación institucional en este rubro.

El dictamen conjuntó 15 iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios —morena (tres), PVEM (dos), PT (una) y un ciudadano, PAN (dos), PRI (una), MC (tres) y PRD (dos)— y una de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para dar paso a una Ley con la que el Estado de México no contaba desde 2001.

El nuevo ordenamiento, de aplicación obligatoria en los sectores público, social y privado de salud, abroga el Libro Segundo del Código Administrativo de la entidad, relativo a la materia. Se orienta a mejorar la calidad de los servicios de salud; fortalecer las acciones de promoción y prevención de enfermedades; y ampliar el fomento, regulación y control epidemiológico y sanitario.

Además, garantiza el enfoque integral del derecho a la salud en sus dimensiones preventiva, curativa, rehabilitadora y paliativa; y dispone la creación del Sistema Estatal de Salud como mecanismo de coordinación en la materia, a fin de facilitar políticas públicas transversales, consolidar la prestación de servicios e impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional.

El dictamen respectivo, al que dio lectura la diputada Jennifer Nathalie González López (morena), detalla que la ley avalada se integró con las propuestas de las diputadas Jennifer Nathalie González López y María del Carmen de la Rosa Mendoza, y del legislador Esteban Juárez Hernández, de morena; de las bancadas del PVEM, MC y PRD, coordinadas por los parlamentarios José Alberto Couttolenc Buentello, Juan Manuel Zepeda Hernández y Omar Ortega Álvarez, respectivamente.

También se incluyen de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), junto con el ciudadano Juan Eduardo Salazar López; la congresista María Mercedes Colín Guadarrama (PRI); y las diputadas Emma Laura Alvarez Villavicencio y Krishna Karina Romero Velázquez (PAN), todas suscritas por su coordinador, el parlamentario Pablo Fernández de Cevallos. De igual manera, considera la iniciativa presentada por la mandataria.

Previo a la votación, la diputada Jennifer González destacó que esta normatividad establece un modelo de atención integral fundamentado en evidencia, que abarca desde la prevención hasta los cuidados preventivos, reconociendo la salud como un proceso biosocial a lo largo de todo el ciclo de vida. Aseguró que esto representa una verdadera justicia social implementada en políticas públicas.

Por el PVEM, la diputada Honoria Arellano Ocampo señaló que esta materia requiere mayor presupuesto para resolver el desabasto de medicamentos, atender la hemodiálisis y estudios médicos preventivos y de seguimiento, fortalecer los esquemas de vacunación, agilizar la contratación de médicos y especialistas, así como garantizar la detección temprana del cáncer.

La congresista del PRI, María Mercedes Colín Guadarrama expuso que se asegura el acceso a la prevención, tratamiento y atención de padecimientos cardíacos y cancerígenos de las infancias. Resaltó que también se blinda el presupuesto para la salud de menores de edad.

La parlamentaria del PAN, Emma Alvarez lamentó la incorporación de la interrupción del embarazo como un servicio público, cuando lo que corresponde al Estado es proteger la vida.

De MC, la congresista Maricela Beltrán Sánchez destacó que se supervisará la correcta aplicación del presupuesto en la ley, que, según señaló, garantiza que las enfermedades crónicas y el cáncer infantil cuenten con una ruta de atención prioritaria. Además, subrayó que el Comité de Prevención y Tratamiento del Cáncer Infantil se convertirá en una realidad institucional.

La nueva norma, que entrará en vigor una vez que sea promulgada por la titular del Ejecutivo estatal y publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, dispone acciones específicas para la atención conjunta al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis; de las emergencias obstétricas y condición materno perinatal; la prestación de servicios para la interrupción del embarazo; y el cuidado de las infancias y adolescencias, así como de las personas adultas mayores para un envejecimiento sano, entre otras.

Asimismo, reconoce, por primera vez, los derechos de las personas usuarias y de los pacientes con un catálogo robusto de derechos, incluidos el trato digno, el consentimiento informado, la confidencialidad, el acceso al expediente clínico, la atención de urgencias y el acceso a medicamentos.

El ordenamiento identifica como grupos de atención prioritaria por enfrentar dificultades para hacer efectivo su derecho de acceso a la salud, a las personas adultas mayores; mujeres y personas gestantes; niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; personas en situación de calle; integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ (lésbica, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersexual, queer y más); personas migrantes; pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos.

Por otra parte, se fundamenta en principios como la gratuidad en el sector público; calidad; humanismo (empatía y trato digno y respetuoso hacia los usuarios); interés superior de la niñez; perspectiva de género; progresividad (mejoramiento continuo del sistema de salud); universalidad (todas las personas son titulares del derecho a la salud); justicia social (reducción de la brecha entre quienes tienen acceso y quienes han sido marginados de estos servicios); atención etaria (adaptada a las necesidades de salud según grupos de edad); y sostenibilidad (asegurar la prestación de servicios de salud a las generaciones futuras).

Aparte, en observancia de los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera, se establece que la estructura organizacional operará con recursos humanos, materiales y presupuestales actuales, sin generar cargas adicionales.

En la deliberación del dictamen, la congresista Emma Alvarez solicitó eliminar de la norma el capítulo dedicado a la interrupción del embarazo, mientras que su compañero, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, planteó suprimir lo relacionado con la objeción de conciencia del personal de salud que atienda estos servicios. Ambas peticiones fueron rechazadas.