Congreso mexiquense aprobó reformas para fortalecer la austeridad

El dictamen incluyó la iniciativa que presentaron en conjunto los diputados José Francisco Vázquez, José Alberto Couttolenc y Oscar González, coordinadores parlamentarios de morena, PVEM y PT, así como otras cuatro propuestas planteadas, por separado, por congresistas de morena y el PVEM.

Redacción El Monitor

Toluca, México. El Congreso mexiquense aprobó reformas para fortalecer la austeridad y la eficiencia del gasto público, mejorar la calidad de la democracia y establecer remuneraciones justas, además de ajustar la integración de los órganos de gobierno en los ámbitos legislativo y municipal, reconfigurar las etapas del proceso electoral y prohibir el nepotismo y la reelección consecutiva.

El dictamen incluyó la iniciativa que presentaron en conjunto los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Oscar González Yáñez, coordinadores parlamentarios de morena, PVEM y PT, respectivamente, así como otras dos propuestas planteadas por la legisladora María José Pérez Domínguez (morena), un proyecto del congresista Octavio Martínez Vargas (morena) y uno más de la bancada del PVEM.

Las modificaciones a la Constitución, el Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal, todas del ámbito estatal, que dan cumplimiento al mandato constitucional nacional para armonizar la legislación local con las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, adelanta el inicio del proceso electoral de enero a septiembre; promueve la inclusión de personas jóvenes para el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales, además de fijar restricciones presupuestales y disposiciones para generar ahorros, los cuales se destinarían, preferentemente, a obras de infraestructura en beneficio de la población.

En la Constitución local se estableció que el presupuesto anual del Congreso mexiquense no excederá el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate.

Las diputaciones no podrán reelegirse para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato; pero las personas legisladoras suplentes podrían ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio. Sin embargo, las personas diputadas propietarias estarán impedidas para ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

El documento indica que, en ningún caso, podrán participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido, en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad de la diputación. Los criterios aplicarán para el caso de la elección de persona gobernadora e integrantes de ayuntamientos.

Para efectos de las restricciones, la autoridad electoral competente deberá valorar la existencia de los vínculos referidos mediante criterios objetivos, documentales y verificables, garantizando en todo momento los principios de certeza jurídica, legalidad, igualdad y no discriminación.

En el caso de presidentes y presidentas municipales, regidurías y sindicaturas, no podrán reelegirse para el mismo cargo en el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Cuando tengan el carácter de propietarias, las personas en estos cargos tendrán impedimento para ser electas para el periodo inmediato como suplentes; pero las que tengan el carácter de suplentes sí podrían ser electas para el periodo inmediato como propietarias, a menos que hayan estado en ejercicio.

Ambos supuestos (nepotismo y reelección) aplicarán a partir del proceso electoral de 2030

El dictamen, elaborado por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como Electoral y de Desarrollo Democrático de la LXII Legislatura mexiquense, añade que, en cuanto a las facultades del Congreso estatal de convocar a comicios, para el caso de elecciones ordinarias, se deberá expedir la convocatoria a más tardar el 15 de septiembre del año anterior al de la jornada.

Las reformas también definen que los ayuntamientos se integren con una persona presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, cuyo número se determinará en razón directa de la población del municipio que representen, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva.

Respecto a remuneraciones, establece que ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo estatal en el presupuesto correspondiente.

Por otro lado, especifica que las remuneraciones de consejerías y magistraturas electorales, secretarías de órganos administrativos, titulares de áreas ejecutivas, técnicas y homólogas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) no excederán este límite constitucional, además de que estarán impedidas de adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

En su articulado transitorio, el documento considera que la integración de los ayuntamientos surta efectos a partir del inicio del periodo constitucional municipal subsecuente a su entrada en vigor y que los ayuntamientos que, a la entrada en vigor, cuenten con un número de sindicaturas y regidurías conforme a lo previsto conservarán dicho número. El número de regidurías solo podría modificarse en atención a criterios de población, de manera progresiva, atendiendo al crecimiento y densidad poblacional.

Los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos municipales, derivados de las reducciones, permanecerán en la hacienda pública municipal y deberán destinarse preferentemente a obras de infraestructura pública en beneficio de la población.

El Congreso estatal no podrá autorizar, aprobar o ejercer para sí mismo incrementos presupuestarios reales respecto del monto aprobado para el ejercicio fiscal 2026, ni incrementar dicha proporción respecto del Presupuesto de Egresos del Estado en los ejercicios fiscales subsecuentes. El monto del presupuesto anual del congreso únicamente podría actualizarse conforme a la inflación anual.

Asimismo, estará impedido de aprobarse ampliaciones presupuestarias,

transferencias, reasignaciones, adecuaciones presupuestarias, reclasificaciones administrativas o cualquier otro mecanismo que tenga por objeto o efecto incrementar su presupuesto por encima del límite previsto.

Por otro lado, el IEEM y el TEEM deberán revisar y adecuar sus disposiciones normativas, administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el decreto, en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.

En el Código Electoral del Estado de México se incluyó que, además de garantizar el principio de paridad de género, se procure la inclusión de personas jóvenes, identificadas como aquellas que, al día de la jornada electoral que corresponda, tengan entre 21 y 29 años de edad para el caso de diputaciones, y entre 18 y 29 años de edad para el caso de integrantes de ayuntamientos.

Sobre la convocatoria a elección ordinaria, se precisa que, una vez emitida a más tardar el 15 de septiembre del año previo a la elección, deberá publicarse a más tardar la primera semana de octubre del año previo a los comicios.

En lo que corresponde a los procesos electorales en que se renueven la gubernatura, la legislatura y los ayuntamientos, se mantiene la disposición de que la manifestación de la intención de las personas que pretendan postular su candidatura independiente se realice a partir del día siguiente a aquel en que se emita la convocatoria, pero se detalla que tenga un límite de hasta 10 días previos al periodo para recabar el apoyo ciudadano.

Actualmente, se establece que sea hasta que dé inicio el periodo para recabar dicho apoyo.

Se estableció que la etapa de preparación de la elección local correspondiente inicie con la primera sesión que el Consejo General del IEEM celebre en los primeros 15 días de septiembre del año anterior a la elección, y no en la primera semana de enero del año de la elección. También que se designe, para la elección de la persona titular del Ejecutivo y de diputaciones, a las vocalías de las juntas distritales y, para la elección de integrantes de los ayuntamientos, a las vocalías de las juntas municipales, en el mes de diciembre del año previo al de la elección, y no en enero del mismo año de los comicios. Lo mismo aplicará para las consejerías electorales de los consejos distritales y municipales.

La duración máxima de las precampañas para las elecciones de gubernatura, diputaciones y personas integrantes de los ayuntamientos no podrá ser mayor a las dos terceras partes de la duración de las campañas, las cuales iniciarán en la fecha que determine el Consejo General, procurando su coincidencia con el periodo de precampañas del proceso electoral federal, y deberán concluir antes del cuadragésimo quinto día anterior al del inicio del plazo para el registro de las candidaturas.

El periodo para el registro de candidaturas a gubernatura, diputaciones por ambos principios y personas integrantes de ayuntamientos durará 30 días. Vencido el plazo para la presentación de la solicitud de registro de candidaturas, la presidencia o la secretaría del órgano verificará, dentro de los cinco días siguientes, que se cumplieron los requisitos. Si se advierte que hubo omisión de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido correspondiente para que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, la subsane.

El Consejo General celebrará sesión para registrar las candidaturas para gubernatura el sexagésimo cuarto día anterior al de la jornada electoral (en lugar del sexagésimo tercer día anterior). Para el caso del registro de candidaturas a diputaciones y las planillas para las personas integrantes de los ayuntamientos, las sesiones tendrán lugar el sexagésimo día anterior al de la jornada electoral (en lugar del trigésimo octavo día anterior).

La asignación de regidurías de representación proporcional se hará en orden decreciente, empezando por el partido, candidatura común, coalición o candidatura independiente de mayor votación, de forma tal que la primera regiduría que se asigne por el principio de representación proporcional sea asignada a quien haya figurado como candidato a la primera regiduría en la planilla de la primera minoría.

En la Ley Orgánica Municipal se actualizaron aspectos sobre la integración y los procesos de entrega-recepción, así como faltas y atribuciones de integrantes de ayuntamientos, conforme a las modificaciones antes descritas.

En los artículos transitorios de las reformas se refiere que el IEEM emita lineamientos y criterios técnicos para la verificación de los supuestos de inelegibilidad relacionados con nepotismo electoral, además de elaborar un diagnóstico técnico-operativo y presupuestal respecto de la concurrencia de procesos electorales constitucionales y judiciales, mismo que remitirá a la Legislatura para efectos de suficiencia presupuestaria y fortalecimiento institucional.

Al dar lectura al dictamen en sesión deliberante, el congresista Edgar Samuel Ríos Moreno (morena) expresó que el documento se armoniza con la transformación nacional, pero también profundiza desde la realidad del Estado de México. Es una reforma, añadió, que pone orden en el gasto, fortalece a las instituciones electorales, mejora la organización de los procesos comiciales, da espacio a las juventudes, combate el nepotismo, termina con la reelección consecutiva en los puestos previstos, hace más funcional la vida municipal y deja en claro que en el servicio público debe haber límites, congruencia y compromiso con el pueblo.

El Pleno rechazó las reservas presentadas por las parlamentarias Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC) en materia de integración de los ayuntamientos y para añadir, entre los requisitos de elegibilidad, que se manifestara, bajo protesta de decir verdad, no estar involucrado o involucrada en el crimen organizado, narcotráfico o terrorismo, y que la autoridad electoral pudiera solicitar información a la Fiscalía General de Justicia y a los sistemas anticorrupción y de seguridad estatales.

En tanto, la legisladora Alejandra Figueroa Adame (PVEM) celebró que, por primera vez, se establezca con claridad en la legislación que las autoridades, los partidos políticos y las candidaturas deberán garantizar no solo la paridad de género, sino también procurar la inclusión de las personas jóvenes, lo cual significa que la participación juvenil se convierte en un principio que debe guiar la vida democrática.

Tras advertir que la entidad está llena de focos rojos en materia de crimen organizado, la diputada Ruth Salinas llamó a tener mano dura contra grupos delictivos. Sobre nepotismo y no reelección, cuestionó por qué esperar hasta 2030, a diferencia de otros temas como la reforma al Poder Judicial o el aumento en las tarifas del transporte público y el precio de la tortilla.

Previamente, en la reunión de dictaminación de las comisiones unidas, además de las reservas propuestas por las congresistas Joanna Alejandra Felipe y Ruth Salinas, también se desecharon reservas planteada por el parlamentario Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI).

Al explicar sus reservas, el congresista Eduardo Zarzosa señaló que la austeridad no debe traducirse en una camisa de fuerza que impida cumplir funciones, por lo que propuso precisar en la Constitución local que el tope presupuestal aplique solo para el Congreso estatal y no para el Poder Legislativo; es decir, que para efectos de este límite no fuera considerado el presupuesto asignado al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Sobre la reserva al Código Electoral y a la Ley Orgánica Municipal, planteó conservar el equilibrio entre integrantes del cabildo de mayoría relativa y los de representación proporcional, incorporando una regiduría adicional de representación proporcional en aquellos municipios con más de 500 mil habitantes, en lugar de la sindicatura que se eliminará.

El legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), quien presidió la reunión, subrayó que el dictamen conecta directamente con las demandas que marcaron el rumbo del país en la pasada elección (2024): avanzar hacia gobiernos más austeros, más eficientes y más cercanos a la ciudadanía.

Por lo tanto, afirmó que la reducción de estructuras sobredimensionadas, la reorganización de los ayuntamientos, el establecimiento de límites del gasto institucional y el fortalecimiento de criterios de austeridad responden a una visión política que respalda la mayoría del pueblo mexiquense.

El congresista Octavio Martínez celebró la prohibición de la reelección, pues su aprobación en 2014, señaló, se trató de una involución democrática después de la Revolución Mexicana, entre cuyas demandas estuvo la democratización.

Lamentó que esta posibilidad generó casos como el de Ecatepec, a cuyo exalcalde, Fernando Vilchis Contreras, acusó de destrozar financiera, administrativa y socialmente a este municipio.

También resaltó que se prohíba que ninguna persona servidora pública pueda ganar más que la o el gobernador, ante lo que calificó como excesos, opulencia y displicencia de algunas personas integrantes de organismos electorales, así como las asignaciones que se realizan en los ayuntamientos.

Tras recordar que el Congreso mexiquense redujo el número de integrantes de los ayuntamientos (en 2020), enfatizó que serán vigilantes de los recursos públicos, especialmente de los que utilicen el IEEM y el TEEM, y que, en caso de que se advierta algún mal uso, éste será denunciado. Finalmente, insistió en que se buscará concretar el ‘Plan A’ de la presidenta de la República.

La diputada María José Pérez expuso que se subsana y repara una anomalía normativa, dando certeza y garantizando la aplicación del principio fundamental de la paridad de género en la elección de las personas que integrarán los ayuntamientos, el cual se complementa con los principios de perspectiva de género e igualdad sustantiva.

Coincidió con su compañero Octavio Martínez en el sentido de que la reelección fue un retroceso democrático, al tiempo que resaltó que se fortalecen los principios de racionalidad y austeridad republicana y que las reformas contribuyen a que la ciudadanía vuelva a confiar en el sistema político.

Al respecto, el legislador Samuel Hernández Cruz (morena) expresó que debe tomarse en cuenta que esta discusión se inscribe dentro de una “andanada” nacional e internacional en contra del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, lo cual, señaló, está auspiciado “por quienes anhelan el regreso del conservadurismo”, por lo que llamó a las y los mexiquenses a estar seguros y confiados de que la mayoría progresista va a seguir impulsando una agenda de derechos.

Recordó que desde la pasada campaña electoral se ofreció a la ciudadanía la eliminación de los privilegios en el gobierno, austeridad, combate al nepotismo e igualdad sustantiva en todos y cada uno de los cargos públicos, por lo que subrayó que estas reformas no son un capricho de un partido político o un movimiento, sino un mandato del pueblo.

La parlamentaria Alejandra Figueroa celebró que se amplíe la participación de las personas jóvenes, en virtud de que abrir más espacios para las juventudes no es una concesión gratuita, sino el resultado de la participación de millones que están dispuestos a aportar su energía, sus conocimientos, su entusiasmo y su creatividad a la vida pública.

En este sentido, refirió que este sector está dispuesto a aportar y a trabajar, por lo que la reforma es un pequeño paso en el camino correcto. Agregó que también se busca que nuestra democracia deje de ser tan onerosa para las y los contribuyentes, porque se ha demostrado que la austeridad en los salarios y en la reducción de cargos de elección no significa menor calidad democrática.

También de la bancada del PVEM, la congresista Honoria Arellano Ocampo destacó la inclusión de las juventudes, quienes representan más del 25 por ciento de la población total de la entidad, por lo que su participación significa abrir puertas a nuevas generaciones. A nivel nacional, precisó, solo el 10 por ciento de los cargos de elección popular están ocupados por jóvenes.

Además, reconoció avances para la organización política y el desarrollo democrático, uso eficiente de los recursos públicos y una representación democrática equilibrada y justa. Sin embargo, admitió que aún queda mucho por trabajar para alcanzar mecanismos eficaces que garanticen la certeza jurídica en los procesos político-electorales, que promuevan la participación ciudadana, fortalezcan las instituciones y apunten a un bienestar económico y colectivo. Deseó que las estrategias de austeridad sirvan para solucionar problemas del medio ambiente, seguridad, agua y, en especial, el de la salud.

La diputada Joanna Alejandra Felipe consideró que la armonización es adecuada, pero que sigue siendo “poco integral” y que pudo haberse complementado de mejor manera. Señaló que la reducción de los cargos no implica necesariamente eficiencia en el trabajo. Puso como ejemplo el caso de las sindicaturas, en virtud de que llegan a tener, indicó, más responsabilidades y obligaciones legales que las propias diputaciones.

Por otro lado, expuso que se tenía la oportunidad de cerrarle la puerta al crimen organizado y recordó que el PAN presentó una reforma constitucional para que se anulen las elecciones y se retire de manera inmediata el registro de los partidos políticos en los cuales se demuestre que hubo injerencia de la delincuencia. Subrayó que se tiene que separar el poder político de las alianzas y de los pactos con el crimen organizado, por lo que indicó que, en este aspecto, las reformas “están quedando mucho a deber”.

La parlamentaria Ruth Salinas señaló la necesidad de evitar que lleguen a ser candidatas personas vinculadas con la delincuencia organizada, por lo que no basta un informe de antecedentes penales, pues se debe involucrar a la Fiscalía General de Justicia, el Sistema Anticorrupción y el Sistema de Seguridad, todos estatales, para garantizar que las candidaturas no estén siendo investigadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo en nuestro país o en el extranjero.

Por otro lado, refirió que se tuvo más de un año para realizar los análisis técnicos y operativos en colaboración con el IEEM y el TEEM, y así elaborar un dictamen integral, sin prisas, con técnica y operativamente viable.

Añadió que sigue pendiente el reconocimiento en la ley de las acciones afirmativas para garantizar la participación política de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados, como lo son personas indígenas,

afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, de la diversidad sexual y jóvenes, para que no sea únicamente mediante los acuerdos del Consejo General del IEEM.