Cierre de centros contra adicciones desata crisis en Edomex; diputado Octavio Martínez exige alternativas de rehabilitación
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Ana Lilia García Castelán
Toluca, México. El reciente cierre de decenas de centros de rehabilitación contra las adicciones en el Estado de México ha desatado una crisis social y sanitaria. Operativos de la Fiscalía mexiquense colocaron sellos de suspensión en espacios comunitarios y grupos de Alcohólicos Anónimos, dejando sin atención inmediata a miles de personas en proceso de recuperación. Asociaciones civiles y familiares de pacientes denunciaron arbitrariedad en las medidas y se movilizaron en puntos estratégicos como Periférico Norte, la caseta de Tepotzotlán y la avenida López Portillo en Ecatepec, exigiendo la reapertura de los llamados “anexos”.
En este contexto, el diputado de Morena en el Congreso local, Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión Legislativa para el Seguimiento al Plan de Desarrollo, advirtió que la clausura de estos espacios “profundiza la crisis de salud pública” y deja a las familias sin opciones de apoyo.
Durante un encuentro con organizaciones sociales, el legislador señaló que, aunque es necesario regular y garantizar condiciones dignas en los centros, no se puede abandonar a quienes buscan salir de las adicciones.
Martínez Vargas anunció que impulsará una iniciativa para agilizar la extinción de dominio de inmuebles vinculados al narcomenudeo, con el fin de transformarlos en espacios culturales, educativos y de rehabilitación. “No podemos permitir que las casas usadas para vender drogas sigan siendo focos de violencia; deben convertirse en centros que atiendan a nuestros jóvenes y niños”, afirmó.
El cierre de los centros ha generado un vacío de atención que se refleja en protestas ciudadanas y en la exigencia de alternativas inmediatas. Mientras las autoridades defienden los operativos como parte de una estrategia de seguridad, las familias afectadas insisten en que la medida vulnera el derecho a la salud y a la rehabilitación.
La propuesta legislativa de Martínez Vargas abre un debate sobre cómo convertir los bienes incautados al crimen organizado en infraestructura social, pero la presión ciudadana exige soluciones urgentes para quienes quedaron sin tratamiento.