Buscan penas de hasta 60 años de prisión por reclutamiento forzado de menores

Redacción El Monitor

Toluca, México. En un esfuerzo por frenar el creciente reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) rn el Congreso mexiquense presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México que propone penas de hasta 60 años de cárcel para quienes obliguen a niñas, niños y adolescentes a participar en actividades ilícitas.

La propuesta, leída en el Congreso local por la diputada Ruth Salinas Reyes, busca castigar con severidad a quienes recluten forzadamente a menores para formar parte de pandillas, portar o traficar armas, o realizar tareas como mensajería, vigilancia o transporte de objetos vinculados a delitos. Además, contempla multas de hasta 905 mil pesos, equivalentes a ocho mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Infancias vulnerables en la mira del crimen

La iniciativa pone especial énfasis en los casos donde las víctimas se encuentran en condiciones de orfandad, abandono familiar, situación de calle, discapacidad o migración. También se agrava la pena cuando el reclutamiento es cometido por personas en posición de autoridad o confianza —como padres, tutores o servidores públicos— y se ejerce violencia física o psicológica.

Actualmente, el Código Penal estatal contempla penas máximas de apenas 10 años por delitos relacionados con menores, lo que ha dejado un vacío legal frente a la complejidad del reclutamiento forzado. Por ello, se propone incorporar un nuevo capítulo titulado “Delito de Reclutamiento Forzado de Niñas, Niños y Adolescentes”.

Cifras alarmantes

Datos de la Secretaría de Gobernación, en 2022 se reportaron más de 20 mil menores en situación de riesgo en el Estado de México, de los cuales casi 4 mil se encontraban desaparecidos o no localizados. La Red por los Derechos de la Infancia en México advierte que cerca de 200 mil menores en el país están expuestos a ser captados por grupos criminales, con mayor incidencia en entidades como Baja California, Guerrero, Jalisco y el propio Estado de México.

Un llamado urgente a la acción

La iniciativa legislativa representa un paso importante, pero expertos y organizaciones civiles coinciden en que no basta con endurecer las penas. Es necesario fortalecer los sistemas de protección, garantizar el acceso a educación y servicios básicos, y atender las causas estructurales que colocan a miles de menores en situación de vulnerabilidad.