Buscan legisladoras castigo por reclutamiento forzado de menores en Edomex

Al iniciar el análisis en comisiones de la iniciativa del Grupo parlamentario de MC, las legisladoras Ruth Salinas (MC) y Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México debe legislar para castigar el reclutamiento forzado de menores.

Dado que en 2022 se estimaba que en México había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado, las legisladoras respaldaron que esta conducta se castigue hasta con 60 años de prisión.

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.

En el país, solo Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán han legislado al respecto, señalaron.

Redacción El Monitor

Toluca, México. Dado que, según la Secretaría de Gobernación, en 2022, había al menos 3 mil 951 menores que podrían ser víctimas de reclutamiento forzado en México, las legisladoras Ruth Salinas Reyes (MC) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) concordaron en que el Estado de México se debe legislar para en la materia, como lo han hecho las entidades de Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.

En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, en la que se inició el análisis de la iniciativa de la bancada de MC para establecer penas de hasta 60 años de prisión por estas acciones, la parlamentaria Ruth Salinas compartió que, según esta dependencia federal, en ese año se tenía registro de 20 mil 327 niñas y niños y adolescentes, que fueron reportados como desaparecidos. De estos, 3 mil 951 podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.

Además, refirió que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México, hay alrededor de 200 mil menores en riesgo de ser captados por grupos delictivos que operan en México.

Por lo anterior, añadió, en 2021, el Gobierno Federal elaboró el Mecanismo Estratégico de Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos, en donde se identificaron 18 entidades con presencia de crimen organizado, propensas a reclutar a estos sectores.

De estos estados, se ubicaron 50 municipios con alta incidencia de reclutamiento. Además, el Estado de México tiene cinco municipios que se encuentran en esta situación, debido a su colindancia con otras entidades como Guerrero, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México y Michoacán.

Expuestas estas circunstancias, enfatizó en la relevancia de legislar en la materia, tal como establece la iniciativa, que sancionaría hasta con 60 años de prisión a quien reclute forzadamente algún menor, con el objeto de formar parte de una pandilla; fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas con fines ilícitos; o realizar vigilancia, mensajería, transporte, entrega o custodia de objetos relacionados con actividades ilícitas.

En este sentido, la legisladora Ana Yurixi Leyva lamentó que en el sur de la entidad se reclute a menores para que hagan labores de vigilancia de los grupos criminales, por lo que señaló que es importante establecer estas conductas delictivas y castigar a quienes participan en el reclutamiento.

Indicó que esta situación ocurre desde hace más de 15 años y que se han empleado estrategias al respecto, pero que sólo se han modificado cuatro marcos jurídicos estatales, por lo que exhortó a que el Estado de México pueda ser la quinta. Además, solicitó ajustar la iniciativa para no dañar a quienes trabajan en paquetería y entreguen productosprohibidos, pero que desconozcan la situación.

Cabe señalar que la propuesta para reformar el Código Penal estatal establece que también comete este delito de reclutamiento forzado quien obligue a menores de edad a participar directa o indirectamente en la comisión de cualquier conducta ilícita prevista en ese código.

El documento precisa que la pena máxima de 60 años se aplicaría cuando el reclutamiento sea cometido por el padre, madre, tutor, ascendiente o cualquier persona que, por su posición de autoridad o confianza, tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación y se ejerza violencia física o psicológica contra la víctima.