Avala Congreso mayor protección para personas huérfanas por violencia

El Congreso mexiquense aprobó reformas para que se consideren beneficiarios de los programas, acciones y servicios de asistencia social, de manera prioritaria, a niñas, niños y adolescentes que estén en condición de orfandad por feminicidio o dependientes de víctimas por desaparición

La reforma, impulsada por la diputada Brenda Colette Miranda, establece que los beneficios podrán ser hasta los 25 años cuando comprueben estudios en curso y no tengan vínculos matrimoniales

Redacción El Monitor

Toluca de Lerdo, México.- El Congreso mexiquense avaló que se consideren beneficiarios de los programas, acciones y servicios de asistencia social, de manera prioritaria, a niñas, niños y adolescentes que estén en condición de orfandad por feminicidio o dependientes de víctimas por desaparición, y hasta los 25 años de edad cuando comprueben estudios en curso y no tengan vínculos matrimoniales.

De acuerdo con el dictamen de la iniciativa de la diputada Brenda Colette Miranda Vargas (morena) para modificar la Ley de Asistencia Social estatal, la reforma constituye un acto de justicia social, de reparación institucional y de fortalecimiento del sistema estatal de asistencia social frente a una de las más dolorosas consecuencias de la violencia estructural.

“Compartimos el propósito, pues esta disposición busca reconocer no sólo el derecho a ser protegidos, sino también a continuar con su formación académica hasta los 25 años, entendiendo que el proceso de recuperación emocional y reorganización familiar puede retrasar su tránsito educativo”, resalta el dictamen leído en tribuna por la proponente.

En presencia de madres, familias y titulares de derechos de víctimas de feminicidio y desaparición, la proponente resaltó que la reforma se enmarca en la agenda nacional de desarrollo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quienes han dejado claro que el bienestar y la protección de las infancias son prioridades de Estado.

Enfatizó que se trata de una acción concreta que da cumplimiento a los compromisos del Estado mexicano para atender las observaciones derivadas de las alertas de violencia de género por feminicidio y desaparición, y que representa sólo una parte de la respuesta institucional: un acto de justicia y reparación hacia quienes han perdido a su madre a causa de la violencia.

“Esta iniciativa parte de un principio de justicia restaurativa, que el Estado tiene pendiente con ustedes y con todas las víctimas que merecen verdad, justicia y acompañamiento”, aseguró.

Al respecto, la legisladora Yesica Yanet Rojas Hernández (morena) felicitó a la proponente, destacando que la reforma refleja la sensibilidad de la legislatura, cuya prioridad es el bienestar de niñas, niños, adolescentes y la primera infancia.

El documento, elaborado por la Comisión Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia de la LXII Legislatura mexiquense, puntualiza que, ante “esta dolorosa y creciente realidad”, se hace imperioso que el Estado reconozca a este grupo como beneficiario prioritario de los programas, acciones y servicios de asistencia social.

Finalmente, refiere datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023, que registran 852 presuntos feminicidios en el país, de los cuales 85 ocurrieron en el Estado de México.

A su vez, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el Estado de México contabiliza más de 13 mil mujeres desaparecidas entre 1964 y 2024, muchas de ellas con hijas e hijos que quedan en desamparo y vulnerabilidad extrema.